A NIVEL RÉCORD, CIFRA DE RECURSOS DESBLOQUEADOS

La UIF lleva récord en cuestión de bloqueo de recursos en el sistema financiero a personas que son investigadas por presunto lavado de dinero.

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La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, en lo que va del año, lleva récord en cuestión de bloqueo de recursos en el sistema financiero a personas que son investigadas por presunto lavado de dinero. Aunque la cifra de descongelamiento no es menor, y también está en cifra récord.

De enero a septiembre del 2019, la UIF congeló cuentas por un total de 5,176 millones de pesos, poco más de 47 millones de dólares y 1,860 euros. Sin embargo, en cuestión del descongelamiento, los montos, en algunos rubros, son mayores a dichas cifras, ya que en ese periodo se desbloquearon 9,588 millones de pesos, 3.4 millones de dólares y 9,543 euros.

Según la UIF, dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el bloqueo de recursos es una medida cautelar que tiene como fin prevenir y detectar actos, omisiones u operaciones que darían paso al lavado de dinero o al financiamiento del terrorismo.

El descongelamiento de cuentas es un tema al que se ha enfrentado la unidad a cargo de Santiago Nieto Castillo, debido a que en el 2017 comenzaron a resolverse acciones de inconstitucionalidad contra este mecanismo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

En dicho año, la Primera Sala de la SCJN resolvió que el mecanismo de bloqueo de cuentas, previsto en la Ley de Instituciones de Crédito, era inconstitucional, al señalarse que la UIF llevaba acciones que eran facultad del Ministerio Público, como investigar y perseguir delitos, y con ello transgredía el principio de presunción de inocencia.

En este año, una nueva resolución del ahora exministro de la Corte, Eduardo Medina Mora, matizó esa facultad, al dictar que este mecanismo de bloqueo de cuentas es constitucional siempre y cuando sea a solicitud de un organismo internacional, y dejó a la decisión de un juez la opción del desbloqueo de los recursos cuando se trate de un organismo nacional el que lo solicite.

Esta resolución de la Corte fue criticada por el titular de la UIF, Santiago Nieto, quien aseguró que se habían cercenado las atribuciones de la unidad en su lucha contra el lavado de dinero, porque cuando se desbloquean los recursos inmediatamente las personas investigadas por esta instancia retiran el dinero de las cuentas una vez que un juez decide dicho desbloqueo.

Los datos actuales indican que la mayor parte de los recursos desbloqueados es resultado de la decisión de un juez. Por ejemplo, de 9,588 millones de pesos desbloqueados de enero a septiembre del 2019, al menos 62% fue por decisión de un juzgador, vía el amparo o la suspensión, y el resto fue por un tema administrativo de la UIF, mediante el mecanismo denominado garantía de audiencia.

La garantía de audiencia es un mecanismo que utiliza la unidad cuando ingresa a un individuo a la lista de personas bloqueadas, con el fin de que el señalado presente las pruebas necesarias para demostrar su inocencia.

Desde el 2018, el Departamento de Estado de Estados Unidos expresó su preocupación sobre las decisiones de la SCJN del 2017 relacionadas con este tema, y consideró que acciones de este tipo dejan al país vulnerable en su lucha contra el lavado de dinero.

“Es probable que fallos adicionales de este tipo dejen a México vulnerable hasta que se pueda implementar una solución legislativa”, se detalló en el reporte International Narcotics Control Strategy Report del 2018. En la versión de este documento del 2019, se indicó que uno de los personajes beneficiados por un amparo ante este mecanismo fue Emir Garduño Montalvo, conocido como Lord Rolls Royce.

“Varios señalados (por lavado de dinero) afectados por (el bloqueo de recursos) de alto perfil han presentado casos en la Corte federal mexicana para descongelar sus cuentas y desestimar casos”, se lee en el documento.

Garantía de audiencia

El pleno de la Cámara de Diputados aprobó la reforma a la Ley de Instituciones de Crédito, la cual prevé el mecanismo de garantía de audiencia en los procedimientos de bloqueo de cuentas y otorga facultades a la Secretaría de Hacienda para promover la extinción de dominio de los recursos bloqueados.

Para especialistas en Materia de PLD, esto eleva a nivel de ley el mecanismo de garantía de audiencia, el cual ya era utilizado como una regla general por la UIF, no soluciona de fondo el tema de la inconstitucionalidad, porque para hacerlo es necesario abordar temas como el permiso transitorio del uso de recursos para compromisos, por ejemplo el pago de una pensión alimenticia o algún tipo de crédito.

“La vulnerabilidad constitucional no se resuelve, porque el procedimiento no te da en estricto sentido mayores elementos de lo que hoy ya tiene la UIF”, comentó el también exvicepresidente de Procesos Preventivos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Fuente: El Economista