CONSTRUCTORAS, VULNERABLES A PRÁCTICAS ILÍCITAS, ADVIERTE ESPECIALISTA

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Las empresas del sector de la construcción son de las más vulnerables a caer en prácticas ilícitas como el lavado de dinero, debido al frecuente manejo de dinero en efectivo, por lo que quienes laboran en ese rubro deben conocer las leyes fiscales y administrativas para evitar involucrarse en delitos, explicó la consultora y contadora pública Maricristian Sosa Novelo.

Según las recomendaciones que realizó el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en 2012, las constructoras, junto con las compañías encargadas de la organización de juegos con apuestas (casinos), las que comercializan vehículos nuevos o usados, entre otros rubros, son más vulnerables a involucrarse en ilícitos como el lavado de dinero; es decir, a recibir dinero que no ha sido declarado ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y emplearlo para comprar bienes. Esto debido a que suelen manejar grandes cantidades de efectivo de manera regular y no se suele identificar a los clientes.

“Existe la creencia de que el lavado de dinero es algo muy lejano, pero no declarar todos los ingresos es un delito, y al utilizar ese recurso para adquirir bienes puedo caer en lavado de dinero”, explicó la especialista.

A raíz de que a nivel internacional comenzaron a promoverse acciones para evitar ese tipo de ilícitos, el gobierno mexicano promovió en 2004 regulaciones para entidades financieras. En el 2012 se publicó la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícitas (la ley “antilavado de dinero”), misma que fue modificada el año pasado y con la que se pretende vigilar a las empresas para combatir los mencionados delitos.

Sosa Novelo admitió que el lavado de dinero en el sector de la construcción es un problema “real, latente, que está más cercano de lo que creemos y se relaciona con la corrupción”, además de que es común que empresarios caigan en situaciones ilícitas sin saberlo.

Al respecto, recomendó a quienes tienen a su cargo compañías constructoras cumplir con las disposiciones de la legislación, o de lo contrario podrían recibir multas que van desde los 16 mil 898 pesos hasta los 5 millones 491 mil 850 pesos, o también recibir penas de cárcel.

Las obligaciones de los empresarios son estar dados de alta ante el SAT, identificar a los clientes o usuarios recabando sus datos y documentación, respetar la restricción de efectivo; es decir, no aceptar pagos de más de 678 mil 32 pesos con 25 centavos en esa modalidad; contar con registros, presentar avisos al SAT cuando se realicen operaciones iguales o superiores a los 678 mil pesos, resguardar la documentación de las ventas por cinco años a partir de que haya concluido la operación, atender las verificaciones del SAT y contar con manuales de procedimientos y formatos.

“Cumplir puntualmente evita multas. En lugar de ver la ley como una carga podemos ver el lado positivo: nos ayuda a tener mejores prácticas, conocer a nuestros clientes y nos obliga a organizarnos mejor. A lo mejor al principio sentimos que es un dolor de cabeza, pero una vez alineados vemos los beneficios”, sostuvo la especialista.

Agregó que el lavado de dinero afecta millonariamente tanto al sector privado como al gobierno y puntualizó que la ley antilavado sí ha rendido frutos en los últimos años, y como prueba están las detenciones de ex gobernadores sido acusados de esos ilícitos.

“Las autoridades están reaccionando porque también otros países están pidiendo que actúen. Los mecanismos son eficientes en la medida en que todos hagamos nuestra parte”, concluyó.

Fuente: La Jornada

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