FACTURAS FALSAS SERÁN CONSIDERADAS DELITOS GRAVES

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Durante el Quinto Congreso Nacional Extraordinario de Morena, Andrés Manuel López Obrador expresó que la emisión de facturas falsas se sumará a la lista de delitos graves, la cual está compuesta por el robo de presupuesto, el robo de gasolinas y energéticos, así como el fraude electoral.

“Se creará la Secretaría de Seguridad Pública; se contará, desde antes del 1 de diciembre, con el fiscal general, el fiscal anticorrupción y el fiscal electoral al mismo tiempo que se elaboran las iniciativas de ley para hacer una política de Estado de austeridad republicana; convertir en delito grave sin derecho a fianza el robo de presupuesto, de los energéticos, la emisión de facturas falsas y el fraude electoral”, declaró.

Las facturas apócrifas son emitidas por Empresas Facturadoras de Operaciones Simuladas (EFOS), las cuales facturan operaciones, compras o servicios que no se llevaron a cabo; es decir, simulan que los contribuyentes a quienes expiden el comprobante son sus clientes.

“La intención de estas empresas fantasma es convencer a los contribuyentes de que, al comprar estas facturas, reducirán el monto del pago de sus impuestos a cambio de pagarles una comisión, que regularmente atiende a un porcentaje del monto del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI)”, alertó la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) meses atrás.

Los contribuyentes que compren dichas facturas se convierten en Empresas que Deducen Operaciones Simuladas; es decir, simulan un aumento en sus gastos de operación para pagar menos impuestos al deducir esos CFDI, lo que los hace partícipes de operaciones fraudulentas.

Desde el 2014, con la reforma fiscal, el Servicio de Administración Tributaria publica en su sitio de internet los nombres de los EFOS, así como de quienes compran las facturas de éstos.

No existe una cifra exacta de cuánto pierde el fisco por dichas facturas.

Deben actualizar sus áreas fiscales constantemente. Multinacionales, presionadas para cumplir con el SAT

Las empresas multinacionales localizadas en México deben actualizarse constantemente para poder cumplir sus obligaciones con el fisco.

Directivas de firmas multinacionales expresaron que éstas tienen que actualizar sus áreas fiscales para poder cumplir adecuadamente con los requerimientos que pide el Servicio de Administración Tributaria (SAT), el cual en el sexenio de Enrique Peña Nieto incrementó su fiscalización.

Cintia del Socorro González, directora fiscal en Servicios Administrativos de minera Fresnillo, reconoció que, con el aumento en la fiscalización por parte del órgano recaudador, a algunas empresas les cuesta trabajo seguirle el ritmo.

“El SAT actualmente está muy activo en cuestión de fiscalización y hasta por solicitudes de devolución de Impuesto al Valor Agregado mensual llegan requerimientos bastante extensos y la solicitud de información del fisco llega a tal grado que las áreas fiscales de las empresas ya no son suficientes para dar respuesta oportuna y correcta a esos requerimientos”, indicó durante el marco del 20 Foro de Tributación Internacional del Colegio de Contadores Públicos de México que se realizó en Acapulco, Guerrero.

Agregó que lo anterior es un problema, porque las empresas se dedican a responderle al SAT o a llevar a cabo sus funciones fiscales ordinarias. “Es preocupante. Te lleva mucho tiempo, dinero y esfuerzo e, incluso, necesitas apoyo externo”.

“Todos reconocemos que el SAT ha hecho un buen trabajo en temas de plataformas digitales. Está a la vanguardia en Latinoamérica y el tema de automatización en las plataformas ha obligado a las empresas a llevar el mismo ritmo en automatización y actualización”, dijo por su parte Alma Álvarez Suárez, líder de Finanzas Corporativas y Contraloría en Procter & Gamble México.

De acuerdo con especialistas, varias empresas se quedan atrás ante la actualización tecnológica que está llevando a cabo el SAT. “Han desarrollado sus plataformas digitales enormemente, pueden cruzar mucha información”, destacó.

De acuerdo conexpertos, México se encuentra dentro de las 10 jurisdicciones más complejas para las empresas en materia de cumplimiento fiscal y contable. El índice de Complejidad Financiera 2018 de la firma posiciona a México en el lugar número nueve de las 94 jurisdicciones que se tomaron en cuenta.

El reporte también ubica a México como la jurisdicción con una mayor complejidad en los procesos contables que tienen que cumplir las empresas e inversionistas, con una tasa de complejidad de 78%, la más alta de todas las jurisdicciones estudiadas.

¿Cuánto pagan de impuesto?

En México, de acuerdo con la Ley del Impuesto sobre la Renta (ISR), las empresas tanto nacionales como extranjeras que estén dentro de territorio mexicano deberán pagar una tasa de 30% de sus utilidades. Asimismo, deberán pagar una tasa adicional de 10% sobre dividendos y otra de 10% de PTU.

Si bien organizaciones y expertos han señalado que la tasa de ISR es alta, lo que muchas empresas multinacionales hacen es ubicar su casa matriz en países donde existe baja tributación, para así mandar sus ingresos a dicha jurisdicción y no pagar los impuestos correspondientes en México.

Por ello, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos promovió el Plan de Acción contra la Erosión de la Base Imponible y el Tratado de Beneficios (BEPS), el cual busca limitar los vacíos normativos a nivel mundial que permiten estas acciones que dejan pérdidas a los fiscos de entre 100,000 y 240,000 millones de dólares al año, que representan hasta 10% de los ingresos globales del ISR corporativo.

Con el BEPS, México endureció sus medidas de fiscalización hacia las empresas, por lo cual les pide tres declaraciones informativas: la maestra, la local y la de país por país.

No obstante, la ley mexicana permite que las firmas realicen deducciones, por lo cual su tasa efectiva de ISR es más baja. En su momento, Alfredo Huerta, analista financiero y bursátil, estimó que las empresas de la Bolsa Mexicana de Valores pagan una tasa de 18%, la cual puede variar dependiendo de los sectores en los que se desarrollen.

Fuente: El Economista

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