HAY NUEVO PARÁMETRO PARA BLOQUEAR LAVADO DE FUNCIONARIOS A TRAVÉS DEL SISTEMA FINANCIERO

La Unidad de Banca, Valores y Ahorro (UBVA) de la Secretaría de Hacienda actualizó la lista de los cargos públicos que deben de considerarse como personas políticamente expuestas

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La Unidad de Banca, Valores y Ahorro (UBVA) de la Secretaría de Hacienda actualizó la lista de los cargos públicos que deben de considerarse como personas políticamente expuestas (PEP), con el fin de evitar que el sistema financiero sea utilizado para lavar dinero producto de actos de corrupción, cohecho y peculado, que se pueden dar en la función pública. Se añaden los altos rangos militares, cargos a nivel municipal y ejecutivos de empresas del Estado.

Hace algunos días, la UBVA emitió una nueva versión de esta lista, publicada desde el 2016, para que las entidades financieras conozcan los cargos públicos cuyos ocupantes deben de ser considerados como PEP, con el fin de que evalúen, administren y mitiguen los riesgos de lavado de dinero asociados con dichas personas y las operaciones que realizan a través del sistema financiero.

Cargos como los del presidente de la República, titulares de las dependencias federales, directores de los bancos de desarrollo, titulares de los organismos autónomos e incluso funcionarios de nivel estatal y municipal aparecen en dicho listado.

“La lista de personas políticamente expuestas nacionales que emite la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tiene como objetivo que las entidades financieras y demás sujetos obligados integrantes del sistema financiero mexicano, conozcan los cargos públicos cuyos ocupantes deben ser considerados como personas políticamente expuestas nacionales”, se puede leer en la lista.

Para Teodoro Briseño Maldonado, director general de la consultoría Briupec, la actualización de esta lista era necesaria, pues ahora ésta se alinea a la estructura que se dio con la llegada del actual gobierno federal. “Hubo cambios en la administración pública federal con motivo del cambio de gobierno, por lo tanto, tenía que actualizarse la lista anterior”.

En el documento donde aparece el listado, la Secretaría de Hacienda indicó que era necesaria una actualización, para apegarse a los señalamientos realizados por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) a México en la evaluación mutua que se dio a conocer en enero del 2018 y donde recomendó incluir en esta lista a los rangos de alto nivel de militares; los cargos de nivel municipal y ejecutivos de empresas del Estado.

Briseño Maldonado señaló que con esta nueva versión de la lista, las entidades financieras tendrán la posibilidad de identificar a una persona que ocupe un cargo que aparece en la misma y a partir de ahí, reforzar su supervisión de las operaciones de la misma con el fin de prevenir el lavado de dinero.

Mayor impacto

Por su parte, Iván Aleksei Alemán Loza, socio fundador del despacho Alemán & Asociados, indicó que si bien la actualización de la lista es un gran avance en el marco de prevención de lavado de dinero del sistema financiero, es necesario involucrar a otras fuentes, para tener a mayor detalle, los cargos que pueden considerarse como PEP.

“Esta lista es un insumo más para actuar en el tema anticorrupción, pero no es infalible. El reto es que tenga una actualización (constante), donde se puede involucrar la Secretaría de la Función Pública, el Consejo de la Judicatura y las entidades federativas, para llegar a un mayor cumplimiento”, expuso.

Dicho documento establece diversos factores que las entidades financieras deberán de considerar para determinar si un cliente debe ser considerado como PEP, incluso cuando el cargo no esté en la lista.

Criterios para considerar a una persona como PEP:

  • Si el funcionario tiene decisión o participación en licitaciones públicas; control directo de adquisiciones y otorgamiento de subsidios.

  • Si maneja o resguarda información reservada  confidencial.

  •  Manejo de finanzas públicas.

  • Manejo de fondos o valores.

  • Otorgamiento de autorizaciones, concesiones, licencias o permisos para beneficio de particulares.

  • Participación en auditorías y fiscalización de funciones públicas.

  • Conocimiento de información confidencial o reservada que impacte o beneficie económicamente.

Fuente: El economista