INSTAN A REFORZAR MECANISMOS PARA IDENTIFICAR RIESGOS

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Pese a que desde hace más de una década los funcionarios públicos federales están obligados a presentar sus declaraciones patrimoniales, las capacidades para detectar el enriquecimiento ilícito por parte de la Secretaría de la Función Pública (SFP) son aún endebles, además de que las investigaciones sobre la evolución patrimonial son discrecionales, señalaron expertos.

Las declaraciones patrimoniales de los funcionarios públicos federales y su análisis son responsabilidad de la SFP, dependencia que también está encargada de sancionar a los funcionarios por cualquier irregularidad que encuentren en las declaraciones.

No obstante, la dependencia, hasta diciembre pasado, aún no contaba con un programa para evaluar la evolución patrimonial de un funcionario público, afirmó la investigadora del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y de la Red por la Rendición de Cuentas, Ana Elena Fierro.

De acuerdo con el oficio DGT/121/DT/3047/ girado por la SFP en octubre pasado en una solicitud de información a un ciudadano, entre el 2013 y hasta el mismo octubre, la dependencia abrió y concluyó sólo 15 expedientes de responsabilidades administrativas derivado de la verificación de la evolución patrimonial de los funcionarios federales a través de la Dirección General Adjunta de Responsabilidades.

En este sentido, Elena Fierro sostuvo que lo ideal sería que se realizaran evaluaciones patrimoniales de los funcionarios federales al azar.

“Que se generara un programa como éstos, que es aleatorio pero tiene una fórmula que en teoría resulta de los mapas de riesgos que se identifican, la única evaluación patrimonial que se hace es si alguien denuncia a un servidor público y se inicia la investigación”, dijo.

Por su parte, el integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), José Octavio López Presa, órgano que creó el nuevo formato para las declaraciones patrimoniales en colaboración con la SFP, aseveró que las investigaciones de evolución patrimonial en la actualidad son discrecionales.

“Se aplican de manera discrecional, de acuerdo a la voluntad del gobierno en turno o el secretario de la Función Pública en turno, y no nada más a nivel federal sino (también) a nivel local, entonces debe de generarse un criterio nacional para que se siga y entonces se haga una evolución patrimonial ya no discrecional o ya no casuística”, afirmó.

Nuevos funcionarios tienen hasta finales de enero

Con la llegada del nuevo gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador, los nuevos funcionarios que ocuparon las dependencias e instituciones federales tendrán hasta finales de enero para presentar su declaración patrimonial de inicio de su encargo.

De acuerdo con la Ley General de Responsabilidades Administrativas, los funcionarios que ingresen por primera vez a un puesto público deberán de presentar su declaración patrimonial hasta 60 días después de asumir sus funciones.

Estas declaraciones se regirán bajo el anterior formato de declaraciones patrimoniales, ya que el nuevo, aprobado por el Comité Coordinador del SNA en septiembre pasado, se aplicará para mayo próximo, cuando todos los funcionarios públicos federales, que ascienden a casi 2 millones de personas, entreguen sus modificaciones de declaraciones patrimoniales; mismas que por primera vez, sin excepción, deberán ser de acceso irrestricto al público.

Esta especificación, indicó López Presa, de dar unos seis meses de espacio para aplicar el nuevo formato, se dio debido al reto logístico que significa agrupar y procesar tantos registros de servidores.

Con los nuevos formatos, agregó, se erradicará la falta de transparencia de las declaraciones. “Ya no se va a ajustar a la voluntad del servidor público de si se hace público o no” su declaración.

De acuerdo con la ley de responsabilidades, en caso de que un funcionario no presente su declaración patrimonial, la SFP deberá abrir una investigación y solicitarle por escrito su declaración.

Fuente: El Economista

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