LA 'SEDUCCIÓN' DEL SECTOR INMOBILIARIO PARA EL LAVADO DE DINERO

México ocupa el puesto 68, entre 125 naciones, por su grado de vulnerabilidad ante el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo

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Un caso reciente fue la simulación de operaciones de compraventa de inmuebles para desviar dinero de la institución financiera Caja Libertad (Libertad Servicios Financieros), en Querétaro. Este hecho hoy tiene en prisión al abogado Juan Collado, vinculado con los expresidentes Enrique Peña Nieto y Carlos Salinas de Gortari.

La denuncia contra Collado, elaborada por la Fiscalía General de República, explica que, desde hace nueve años, un grupo —en el que incluye a Javier Rodríguez Borgio, el ‘zar de los casinos’, y a José Antonio Rico, administrador de empresas ‘fachada’— inició la venta de propiedades que no le pertenecían, y el dinero obtenido se dispersaba mediante transferencias bancarias. Así, el grupo delictivo simulaba operaciones de compraventa, además de obtener créditos en el sistema financiero.

A pesar de las leyes

México ocupa el puesto 68, entre 125 naciones, por su grado de vulnerabilidad ante el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo en el mundo, de acuerdo con el índice Basel 2019, que desde 2012 monitorea este indicador, y cuyos primeros lugares son ocupados por las naciones más susceptibles de caer en este delito.

Uno de los indicadores que evalúa el índice es la vulnerabilidad a la corrupción y al soborno, pues ambas circunstancias derivan en operaciones de lavado para limpiar los recursos obtenidos de forma ilícita.

En 2019, el Sistema de Administración Tributaria (SAT) inició un Programa de Auto Regularización para combatir el lavado de dinero, que concluye este febrero de 2020. Puso especial interés en contadores y abogados, a quienes consideraba “sujetos susceptibles”.

Para el SAT, los lavadores solicitan asesoría legal para colocar los activos fuera del alcance, y así evadir responsabilidades: pueden intentar confundir o disfrazar a través de la formación de fideicomisos; pueden usar las transferencias de propiedad para servir como cobertura para transferencias de fondos ilegales; y utilizar a contadores para realizar operaciones financieras en su nombre o como intermediarios.

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Juan Jaime López Cano, comisionado presidente del Centro de Estadística y Capacitación de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI), señala que el lavado ocurre por la sofisticación de las operaciones por parte del crimen organizado, capaces de sortear las restricciones de la Ley Antilavado de 2013 a la hora de realizar compraventa de inmuebles con dinero en efectivo arriba de 600,000 pesos. La nueva Ley de Extinción de Dominio (LED) también apoya y avala esta situación para controlar el crimen y la delincuencia organizada.

“Es una cadena de compraventa, en donde finalmente logran colocar el dinero no lícito, y se disfraza a través de la compra de negocios y/o bienes inmuebles”, dice.

Según explica este experto, lo que sucede es que, a veces, (los criminales) compran con una parte del dinero un determinado negocio, y después se desvanece la pista, porque lo venden al día siguiente, y luego se vuelve a vender. “Son tantas y tan rápidas las operaciones, que hacen muy difícil a las autoridades detectar de dónde proviene el dinero”.

Esas transacciones se realizan en distintas plazas. El dinero incluso se saca del país, con el nombre de una empresa que se dedica a la inversión inmobiliaria, por ejemplo, y luego regresa con otra connotación, donde no es tan susceptible de ser detectado e investigado, agrega López Cano.

Según Transparencia Internacional, los países ricos son a menudo receptores de dinero ilícito. Por ejemplo, en Londres, propiedades por un valor de al menos 5,500 millones de dólares fueron adquiridas con “riqueza sospechosa”. En Alemania, se calcula que 30,000 mdd "de origen incierto” ingresaron en 2017 al mercado de bienes raíces, y 15,000 mdd entraron al mercado de vivienda en Toronto, Canadá.

En 2017, el reporte del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) señaló que las autoridades mexicanas no habían hecho lo necesario para monitorizar negocios claves, como el inmobiliario, que también se emplean para lavar dinero, ya que habían enfocado su vigilancia únicamente en el sector financiero.

De acuerdo con la consultora Deloitte, existe un ciclo en las operaciones inmobiliarias que engloba momentos claves vulnerables a transacciones hechas para lavar dinero: adquisición de terrenos, estudios de viabilidad, desarrollo del proyecto, gestión de autorizaciones, fondeo, construcción, venta o renta del inmueble, administración de activos y renovaciones o sustituciones en los mismos.

La Secretaría de Hacienda ubica diversas tipologías de ‘lavado’, como el "desarrollo de bienes raíces con dinero ilícito". Entre los detalles del modus operandi que describe, plantea que una desarrolladora “utiliza un esquema de preventa de los inmuebles con liquidaciones de contado, con lo que, supuestamente, obtiene recursos para el financiamiento de las construcciones; sin embargo, no existen reportes relacionados con dichas operaciones ni registros de notarios que hayan dado fe de las mismas”.

La desarrolladora también recibe préstamos de otras firmas relacionadas con la misma desarrolladora, “sin que se conozca el origen de dichos recursos prestados” y “por concepto de pago de servicios por montos elevados sin una justificación comercial aparente, dados los giros mercantiles de dichas empresas”. En el caso anterior, Hacienda establece que se presume la existencia de una simulación de operaciones “con el objetivo de integrar recursos de probable origen ilícito a la economía formal”.

Según la UIF, las 10 principales entidades con mayor número de avisos por operaciones inusuales son la Ciudad de México, Puebla, Estado de México, Jalisco, Nuevo León, Baja California, Sinaloa, Guanajuato, Querétaro y Veracruz.

ALERTAS INMOBILIARIAS

  • Señales que pueden revelar actividades con capital ilícito:

  • Empresas de reciente creación realizan operaciones por montos elevados en corto tiempo.

  • Firmas con giros diversos, tienen en común a representantes legales y/o accionistas.

  • Financiamiento entre empresas cuya fuente de ingresos se desconoce.

  • Personas físicas jóvenes como representantes legales de varias empresas.

  • Empresas cuya razón social evoca un giro mercantil, que no es al que se dedican.

  • Incremento significativo en el inventario de una compañía sin ingresos que lo justifiquen.

  • Transferencia de recursos entre empresas del mismo grupo sin justificación.

  • Inmobiliarias que usan esquemas de preventa con alto porcentaje de operaciones de contado.


Fuente: El Economista