LA TAREA DE FRENAR EL LAVADO DE DINERO EN EL FuTBOL MEXICANO

De acuerdo con especialistas, diversas formas de delincuencia y corrupción afectan las operaciones de los clubes de ftbol

Identificar clubes de futbol con problemas económicos, infiltrarse en ellos y apoyar donaciones, para que después, una vez que sean insolventes se encamine su venta a personas que operan redes de empresas fantasmas en el mundo y que trabajan para criminales, es una de las tipologías de lavado de dinero identificadas en años recientes.

Con más de 250 millones de jugadores detectados por la FIFA y una generación de recursos que desde 1990 ha sido exponencial, este deporte se vuelve un candidato para el lavado de dinero.

En el 2016, la policía de Portugal desmanteló a una red compuesta principalmente de ciudadanos rusos que realizaban actividades ilícitas apoyadas en clubes profesionales de fútbol portugués, uno de ellos, el UD Leiria, por los cuales se presume se lavaron grandes cantidades de dinero con mecanismos como la sobrevaloración en las transferencias de jugadores y en los acuerdos de derechos de TV, así como en temas de apuestas. Desde el 2010, la FIFA implementó un sistema para tener más control sobre las transferencias internacionales de jugadores, que incluye 30 tipos de información como el historial del jugador, el club involucrado, pagos, valores y contratos. Este esfuerzo, según la Comisión Europea, no es suficiente, se deben de establecer obligaciones para clubes, federaciones, confederaciones y expertos, así como a los bancos, para comunicar transacciones sospechosas a las Unidades de Inteligencia Financiera de cada país.

“Se deben establecer obligaciones, como exigir a los clubes, federaciones, confederaciones, asesores, auditoría, contabilidad y consultoría en esta área, que comuniquen transacciones sospechosas a las UIF”, dicta la Evaluación Supranacional de Riesgos de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo de la Comisión Europea.

México llega tarde

Fue en el 2009, cuando el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que es el organismo multilateral que encabeza la lucha contra el lavado a nivel mundial, alertó, con la publicación de una guía, sobre cómo la delincuencia aprovecha la popularidad del futbol en el mundo para poder blanquear recursos.

“Debido al crecimiento de la industria, el futbol parece enfrentarse a diversas formas de delincuencia y corrupción, incluido el lavado de dinero”, indicó GAFI, del que México es parte, en su momento.

Poco más de 10 años después de la publicación del documento, la UIF de la Secretaría de Hacienda firmó un convenio con la Liga MX con el fin de intercambiar información, tener mayor control y transparencia financiera de los clubes y, además, establecer mecanismos para prevenir y detectar operaciones relacionadas con el lavado de dinero o en su caso, financiamiento al terrorismo.

“Esto tiene el fin de cerrarle más puertas al crimen organizado”, de acuerdo con especialistas del sector financiero añadieron  que no sólo los grupos delincuenciales pueden intentar blanquear dinero por medio de este deporte, sino también defraudadores o evasores fiscales.

Resaltaron que ante el flujo de recursos, principalmente en efectivo, que corren en la industria de futbol, es necesario crear disposiciones especiales para los participantes de este deporte con el fin de que la UIF disemine e investigue la información al respecto y determine si es necesario interponer las denuncias correspondientes por lavado de dinero.

A pesar de este esfuerzo, se han documentado casos en el futbol mexicano de cómo grupos delincuenciales se infiltran en los clubes, principalmente de la liga de ascenso, con el fin de hacer pasar por legítimos recursos ilícitos.

Factores de riesgo de lavado de dinero en el futbol:

  •  Transacciones de compraventa o préstamo  de jugadores.

  •  Uso de efectivo en la venta de boletaje de partidos de fútbol.

  •  Comercialización de derechos de televisión.

  •  Inversiones de corto plazo en clubes con poca solvencia.

  •  Venta de clubes a personas dedicadas al traslado de recursos a paraísos fiscales.

Fuente: El Economista