LEGISLACIÓN ACTUAL LIMITA AVANCES EN RECOMENDACIONES DEL GAFI

Odoo CMS- Imagen simple flotante

Los resultados de la evaluación del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) sobre prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo en México, dados a conocer en enero pasado, arrojaron avances, pero también algunos estancamientos en el país, sobre todo, en lo referente a los decomisos, extinciones de dominio, persecución del delito y beneficiarios finales.

Autoridades de la Procuraduría General de la República (PGR) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) coincidieron este jueves en que se atienden las recomendaciones del GAFI en la materia, pero que en algunos puntos no se puede avanzar como consecuencia de que la legislación actual pone ciertas limitantes.

El encargado de despacho de la PGR, Alberto Elías Beltrán, adelantó incluso que se pondrán a consideración del nuevo gobierno reformas a la ley de lavado de dinero que han quedado estancadas para que, entre otras cosas, se identifique bien a los accionistas de empresas y se tipifique como es debido el financiamiento al terrorismo.

 El funcionario explicó que, por ejemplo, pese a los avances que ha habido en materia de ley de sociedades mercantiles para identificar a todos los accionistas, algunos cambios han quedado atorados en el poder legislativo.

En este sentido, adelantó que la PGR pondrá a consideración del próximo gobierno reformas a la ley antilavado para que atienda estos y otros temas como elevar los montos sujetos a investigación.

Raúl Díaz Pérez, hasta ayer administrador central de asuntos jurídicos de actividades vulnerables del SAT, coincidió en que hay algunas recomendaciones del GAFI que no pueden llevar a cabo porque la legislación actual no se los permite.

“Nuestra legislación no nos permite ir más allá, las autoridades estamos a reserva de la ley. Por ejemplo, el SAT no puede, en un aeropuerto, en el caso de las declaraciones de efectivo, decomisar ese producto, porque el artículo 9 de la ley aduanera determina que en ese caso, cuando se declaren más de 10,000 pesos, se inicia un procedimiento y lo más que se puede hacer es poner una multa por excedente. No puedo poner las esposas y decomisar, como en Estados Unidos”, precisó.

El SAT, reconoció el funcionario, fue uno de los más golpeados en el informe del GAFI, pues se señaló que está limitado en sus supervisiones, pese a que ya revisa el actuar de otras entidades no financieras como los notarios, casinos y desarrollos inmobiliarios, entre otros.

Señaló que el organismo tampoco puede actuar en materia de prevención y detección del financiamiento al terrorismo, debido a que la ley no se lo permite, y que las debilidades en materia de la identificación del beneficiario final son como consecuencia de las debilidades que hay en el marco jurídico actual. “Hay propuestas de reforma a la ley y esperamos que en el Congreso se asuma también esta responsabilidad”.

En materia de estadísticas, que fue otra de las observaciones y recomendaciones del GAFI, el subprocurador jurídico y de Asuntos Internacionales de la PGR y encargado de despacho reconoció que en este tema hay carencias, dado que son muy diferentes las cifras de esta procuraduría a las de otros órganos de justicia, por lo que ya se trabaja para llevar un mejor control.

Elías Beltrán indicó que, según el reporte del GAFI, hoy México se encuentra en niveles de prevención de lavado de dinero similares a los de Estados Unidos, Canadá y otros, pero confía en que con lo que se ha hecho desde la PGR, la Secretaría de Hacienda, el SAT y otras dependencias relacionadas, en el próximo reporte del organismo internacional ya se tengan mejores resultados.

“No cabe duda de que vamos a tener una mejor procuración de justicia, de investigación y repercusión”, expuso.

El funcionario del SAT recordó, en tanto, que algunos de los hallazgos del GAFI fueron que México enfrenta un riesgo significativo de lavado de dinero, principalmente por las actividades del crimen organizado; una limitada comprensión de instituciones financieras y otras entidades no financieras en técnicas de lavado de dinero; limitada comunicación de la Unidad de Inteligencia Financiera a la PGR; no se persigue el decomiso del producto y el objeto del delito, y también una limitada identificación del beneficiario final por debilidades del marco jurídico, entre otros.

Fuente: El Economista