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Fue en el 2013 cuando una plataforma argentina de fondeo colectivo (crowdfunding) llegó con las autoridades mexicanas, especialmente de la Secretaría de Hacienda, para preguntar sobre el tema regulatorio con el fin de iniciar operaciones en el país, lo que derivó en el comienzo del proceso normativo de este tipo de empresas. Seis años después, México ya cuenta con un marco legal al respecto, se trabaja en su proceso de implementación, que se estima que finalice en el 2020.

En ese contexto, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) tiene identificadas más de 500 plataformas que operan en México, de las cuales 201 operan bajo las figuras que reconoce la ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera, o Ley Fintech. Hasta la fecha, dos plataformas han presentado su solicitud para operar bajo la ley y hay 10 más que tienen borradores de su solicitud.

En entrevista, David Esaú López Campos, vicepresidente técnico de la CNBV, habló sobre la visión de este gobierno respecto a la ley que ha puesto al país como uno de los referentes en el mundo en materia de normatividad fintech, en donde, para la autoridad, dicha normativa tiene dos aspectos básicos: cuidar los recursos de los usuarios y el correcto desarrollo del sistema financiero mexicano.

—Ha pasado casi un año de la promulgación de la ley, ¿cuál es el avance de su implementación?

La ley regula varios temas, principalmente a las instituciones de tecnología financiera (ITF) que son las de financiamiento colectivo (crowdfunding) y las de fondos de pago electrónico. En esa materia, llevamos prácticamente un avance de 85% de implementación de la ley. Lo que viene en corto plazo es la regulación conjunta que emite la CNBV con el Banco de México (Banxico) en temas de ciberseguridad, contratación de terceros, el uso de medios electrónicos, es decir, cómo autentican a los clientes para hacer operaciones, transferencias y demás, y plan de continuidad de negocio. Además, estamos trabajando en otra normativa relacionada con el tema fintech, principalmente en la parte del onboarding digital (apertura remota de productos y servicios financieros), porque creemos que es algo esencial para las fintech, entonces es otro proyecto que se viene cocinando y saldrá en los próximos meses.

—En septiembre vence el plazo para que las fintech que contempla la ley soliciten su autorización ante la CNBV, ¿cómo va el proceso de autorización y cuántas solicitudes han recibido?

Es un sector completamente nuevo, que apenas se está familiarizando con la regulación, lo que nosotros como CNBV hacemos es tener acercamiento pleno. Tenemos juntas, al menos con una fintech cada día, para solventar todas las dudas que tengan. En ese contexto, en revisiones informales tenemos 10 expedientes, y tenemos dos solicitudes formalmente presentadas. Las entidades que busquen su autorización requieren aprobación del Comité Interinstitucional, donde está la Secretaría de Hacienda, el Banxico y la CNBV, entonces también en estos procesos formales, en cuanto recibimos las solicitudes formales, se mandan los expedientes en paralelo a la SHCP y al Banxico.

—Parecen pocas las solicitudes cuando radares de consultorías internacionales manejan más de 300 fintech en México, ¿les preocupa?

No creo que haya algo de qué preocuparnos, porque, aunque los números parezcan pocos, la verdad por todo el acercamiento con las empresas fintech, vemos otra realidad. Por ejemplo, hay estudios recientes que nos demuestran cómo está el ecosistema fintech en México, y lo que indican es que ya no está en una etapa de inicio, de startups, sino de consolidación, es decir, que las fintech en el país ya están en otro estado, están en un serio crecimiento y expansión y eso es muy bueno, porque el dinamismo que tenemos hasta el momento no se va a perder.

Nosotros como CNBV tenemos un radar interno de empresas fintech, donde, incluso, otros radares se quedan cortos: tenemos mapeadas 500 empresas fintech distintas, de las cuales, las que van a entrar al mundo regulado por la Ley Fintech son 201. De ese número, ya nos hemos sentado con más de 150 y ninguna ha dicho que no quiere ser regulada, todas lo están intentando.

—¿Cómo actuará la CNBV después de septiembre con las empresas que, a pesar de tener que regularse, operen fuera de la ley?

Ahí la ley es muy clara, para hacer actividades de crowdfunding o de emisión de fondos de pagos electrónicos se necesita una autorización de la CNBV y la consecuencia de hacer esas actividades sin tener autorización de la CNBV es un delito, así de simple. Lo que va a pasar es que todas esas empresas que no se acercaron, o que no obtengan su autorización, para no infringir la ley tienen que cerrar operaciones.

—Después de la emisión de las primeras leyes secundarias, el sector fintech alzó la voz por las posibles restricciones de éstas, ¿se flexibilizarán las reglas?

Hay algunas cosas que dejó la administración pasada que consideramos que son un poco excesivas y se está trabajando en hacer ciertas modificaciones a las cosas que fueron poco más allá y que no se justifican, pero eso no quiere decir que vamos a desregular (…) Después de la regulación secundaria, hubo voces que se quejaron y demás; nosotros estamos en comunicación para que nos demuestren con cifras cómo les duelen (las disposiciones), pero ninguna lo ha demostrado.

Estos dos modelos de fintech que se regulan es porque reciben masivamente recursos del público, el público les está confiando su patrimonio y ésa es la cosa que tenemos que proteger.

—La Ley Fintech fue un referente en materia financiera del gobierno anterior, ¿cuál es la visión del nuevo gobierno?

Esta administración impulsa a 100% la Ley Fintech, porque va muy de la mano con una de las preocupaciones actuales de cómo aumentar la inclusión financiera, cómo inyectarle competencia al sector financiero, por eso se creó la Ley Fintech (...) Se quiere dar continuidad y es uno de los temas prioritarios.

—¿En la Ley Fintech hay espacio para las big tech?

Si estas big tech comienzan a hacer actividades, las reservadas que dice la Ley Fintech, tienen que venir al mundo regulado. Si éstas sólo prestan servicios, pero alrededor de servicios financieros, no necesitan realmente una autorización para ser una ITF.

Fuente: El Economista

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