NUEVA NORMATIVA DEL FINCEN ACORRALA A DELINCUENTES FINANCIEROS

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La nueva norma de la Red de Control de Crímenes Financieros de Estados Unidos (FINCEN), "Requisitos de Diligencia Debida del Cliente para las Instituciones Financieras", que entró en vigencia el pasado mayo, obliga a las entidades financieras -y a sus clientes- a mejorar la transparencia y prevenir actos criminales mediante la identificación de los beneficiarios finales.

Como una enmienda a las regulaciones de la Ley de Secreto Bancario, la regla se hizo efectiva con la finalidad de prevenir el uso del sistema bancario para el lavado de ganancias ilícitas e impedir, además, el uso de compañías como instrumentos de blanqueo.

Pero, ¿cómo funciona esta norma?

Al exigir la identificación de personas que poseen clientes de entidades legales, así como las de aquellas que controlan dichos individuos en instituciones lícitas, las nuevas regulaciones previenen delitos financieros a través de cuentas creadas y operadas anónimamente a través de un testaferro.

La información recopilada en virtud del nuevo reglamento ayudaría a los organismos financieros a evaluar los riesgos al abrir nuevas cuentas, facilitando a su vez la investigación del cumplimiento de los impuestos y otras regulaciones específicas del FINCEN.

A los fines del nuevo reglamento, un “cliente de una entidad legal” se define como una corporación, sociedad de responsabilidad limitada, sociedad general y cualquier otra entidad creada mediante la presentación de un documento público ante la secretaria de Estado o una oficina similar, como una empresa o fideicomiso estatutario, así como una entidad comercial similar formada en un país extranjero.

Con esto en cuenta, la DDC exige a las instituciones crear políticas y procesos para identificar y verificar las identidades de los clientes y los beneficiarios finales de las cuentas de las compañías.

Además, establece como requisito a las entidades conocer la naturaleza y propósito de las relaciones de los clientes para categorizar y desarrollar perfiles de riesgo, sumando el deber de mantener un monitoreo continuo basado en riesgo de las transacciones de dichos clientes, para así actualizar información activamente y emitir Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS) en caso de ser necesario.

Relativo a los beneficiarios finales, las instituciones financieras deberán identificar y verificar las identidades de todos los individuos que posean al menos 25% de una entidad o que la controle en su totalidad.

FINCEN señaló que “la regla DDC aclara y fortalece los requisitos de diligencia debida del cliente para bancos estadounidenses, corredores de fondos mutuos o intermediarios de valores, comerciantes de comisiones de futuros e intermediarios de productos básicos”.

“La DDC agrega un nuevo requisito para que estas instituciones financieras identifiquen y verifiquen la identidad de las personas naturales (conocidos como beneficiarios finales) de entidades legales clientes quienes poseen, controlan y se benefician de las empresas cuando estas abren cuentas”, añadió en el mismo comunicado donde anunció la entrada en vigencia de la norma.

El cumplimiento de la ley

De acuerdo con el organismo, todas las “instituciones financieras cubiertas” deben cumplir con estas regulaciones.

Como “institución financiera cubierta” (CFI), a los efectos de la nueva ley, FINCEN se refiere a bancos, cooperativas de crédito con garantía federal, asociaciones de ahorro, corporaciones organizadas para operaciones bancarias o financieras internacionales o extranjeras, bancos fiduciarios o compañías fiduciarias reguladas a nivel federal y sujeto a un requisito del programa antilavado de dinero, fondos mutuos, corredores o corredores de valores, comerciantes de comisión de futuros e intermediarios introductorios en productos básicos.

Los procedimientos para recopilar y verificar la identidad deben describirse explícitamente en el Programa de Identificación del Cliente de las CIF y pueden incluir métodos documentales, no documentales o una combinación de ambos.

Esto incluye métodos tales como: identificación con foto emitida por el gobierno con prueba de nacionalidad o residencia; contactando a un beneficiario; verificación independiente de la identidad del beneficiario real mediante la comparación de la información provista por el cliente de la entidad legal (o el beneficiario final, según corresponda) con información obtenida de otras fuentes; verificación de referencias con otras instituciones financieras; obtención de un estado financiero y fotocopia u otra reproducción de un documento de identidad válido.

Tanto los procesos de verificación electrónica de identidad, como los de verificación de documentos, se encuentran en la lista de técnicas legítimas. Cada institución financiera cubierta debe determinar qué estrategia de mitigación de riesgos es adecuada para sus necesidades, siempre que tengan “ningún conocimiento de hechos que razonablemente pondría en duda la confiabilidad de dicha información”, según el FINCEN.

Fuente: antilavadodedinero.com

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