OTRA HISTORIA NEGRA DE LA CNBV

El Fallo histórico cuestiona la eficacia y credibilidad de la función supervisora de la CNBV

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“La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) incurrió en conducta irregular al no supervisar las operaciones de FICREA y ordenó indemnizar a los ahorradores defraudados”. (Proceso, Agosto 28)

El Fallo histórico cuestiona la eficacia y credibilidad de la función supervisora. En realidad, la CNBV sí supervisaba a Ficrea, pero la supervisión fue ineficaz, la reacción tardía y sospechosamente permisiva. Un nuevo crimen financiero está a la puerta. Gestado en septiembre del 2016 un enorme fraude a 94,700 campesinos e indígenas ahorradores en 48 sucursales de los estados de Chiapas, Oaxaca, Puebla, Hidalgo, Veracruz y SLP. A diferencia de FICREA, con 6,000 ahorradores defraudados, en el caso de SMB RURAL afecta a la población más vulnerable en la base de la pirámide: campesinos e indígenas de municipios y comunidades de alta y muy alta marginalidad.

Los maquinadores de este fraude son José Daniel Trejo Sotelo y Urbino Martínez Cortes, director de la Sociedad y presidente del Consejo de Administración, respectivamente, quienes organizaron el secuestro y virtual ordeña financiera de la sociedad. Lo que la CNBV del régimen anterior no veía, lo ven y lo sufren todos los días los campesinos: la insolvencia operativa. En resumen: no permiten el retiro de ahorros, no otorgan créditos, cobran altas comisiones por cobro de remesas y la cartera vencida es creciente y masiva evidenciando la falta de oficio.

Los ahorradores deben dar “múltiples vueltas” y explicaciones por escrito del “por qué quieren retirar sus ahorros”, aquellos con suerte entran a un carrusel que periódicamente decide a quienes devolver los ahorros. Increíble que por tres años la CNBV haya cerrado los ojos a las evidencias. Porque la supervisión es de papel, no se enteran de las prácticas financieras locales.

El 22 de septiembre del 2016 los susodichos, dieron un golpe administrativo para secuestrar la sociedad, decretando de facto la salida de la sociedad fundadora. Entre septiembre y diciembre del mismo año, dejaron fuera del Consejo a los Consejeros Independientes; a pesar del conflicto de interés, nombraron como Comisario al dueño del bufete de auditoría interna; cambiaron domicilio social de la Cd. de México a la ciudad de Puebla; modificaron los estatutos para cambiar a modo la composición accionaria, desconocieron acuerdos de asamblea anteriores. Para evadir las inspecciones y supervisión cambiaron de federación al pasar de FEDRURAL a FINE, contando para ello con el apoyo de funcionarios de la CNBV, que gestionaron ante el Fondo de Protección autorización para hacer válida su decisión de cambiar de federación.

La Ley de Ahorro y Crédito Popular establece que cada una de estas acciones debe ser autorizada por la CNBV, pero SMB RURAL lo hizo todo sin pedir autorización alguna, bajo el silencio cómplice y permisivo, primero de Marco Antonio Vázquez López, hombre de confianzas de Jaime González Aguadé y Vicepresidente de Supervisión en la CNBV y después de Cecilia Mondragón, su excolaboradora.

La Comisaria había presentado informe de irregularidades cometidas, la autoridad no lo aquilató; FEDRURAL, la federación que la supervisaba presentó informes que mostraban la salida de la sociedad de 16 millones con facturas compradas a empresas, sin materialización de servicios. Tampoco movió el interés de la autoridad. Los accionistas excluidos presentaron pruebas de un gasto desmesurado al pasar en 2016 de 54 a 94 millones en excesivos gastos de operación y la manipulación de actas de asamblea. Para la CNBV se trataba de “conflictos entre accionistas”.

El maquillaje de los estados financieros a diciembre del 2018 se vino abajo en junio del 2016, al revelar una situación crítica de pérdidas acumuladas en el primer semestre por 19 millones que proyectadas alcanzarán los 40 millones al final de año (activos totales por 250 millones); cartera vencida descontrolada, capitalización en rojos, excesivos niveles de gasto. Todo ello, sin fondo de protección a los ahorros. ¿Quién responderá por los ahorros?

El principal argumento de la CNBV Peñista para no actuar fue que no pueden intervenir gerencialmente a SMB RURAL porque si bien está autorizada, no tiene “inicio de operaciones”. Con este argumento le han garantizado a Trejo y Martínez una burbuja de impunidad durante tres años y la destrucción de un proyecto ejemplar construido durante 18 años por miles de activistas y autoridades comunitarias con aportes de la cooperación nacional e internacional.

La ordeña de SOFIPOS es una práctica institucionalizada. Debe ser una prioridad de la presente administración tomar acciones ejemplares, desprovistas de tintes políticos. Este nuevo fraude debe ser impedido por la CNBV de la 4ª Transformación, para evitar un daño mayor. Una rápida intervención evitará que la CNBV cargue con actos de negligencia de la administración pasada y que los ahorradores no pierdan su patrimonio.

Fuente: El Financiero 

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