PENAS DE CUATRO A 12 AÑOS DE PRISIÓN, POR BLANQUEO

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A fin de detectar y erradicar del sistema financiero todas las operaciones que se realizan con recursos de procedencia ilícita, comúnmente llamado lavado de dinero, y lograr un combate más efectivo contra las estructuras financieras de las organizaciones delictivas que suelen financiarse con ese tipo de recursos, Ricardo Monreal Ávila promueve reformar la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

De acuerdo con la iniciativa del coordinador del grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Senadores, presentada en tribuna por Alejandro Armenta Mier, presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, se impondrían penas de cuatro a 12 años de prisión y multas de 1,000 a 3,000 días a quien incurra en prácticas de lavado de dinero.

“Se impondrá de cuatro a 12 años de prisión y de 1,000 a 3,000 días multa a quien realice cualquiera de las conductas señaladas en las fracciones I y II del artículo 400 Bis del Código Penal Federal, sin conocimiento de que los recursos procedan o representen el producto de una actividad ilícita, cuando derivado del ejercicio de sus funciones cuente con los medios para identificar las características de las operaciones, circunstancias y los elementos objetivos por los cuales se pudiera desprender la ilicitud de los recursos”, cita la propuesta de redacción del artículo 62 Bis de la referida ley.

La misma sanción se aplicaría a quien permita que se realice dicho delito “teniendo la obligación derivado de sus funciones y los medios para identificar las características de las operaciones, las circunstancias de los sujetos involucrados y los elementos objetivos acreditables por los cuales se pudiera desprender la ilicitud de los recursos”.

Además de que se le podrá aplicar la suspensión o inhabilitación para llevar a cabo las funciones que desempeñaba, hasta por un periodo de dos a cinco años.

Aunque se impondría la misma pena de prisión al que sin haber participado en la comisión del delito permita o preste su nombre, o la denominación o razón social de una persona moral, para que se le intitulen por cuenta de un tercero bienes o derechos adquiridos con recursos, derechos o bienes que procedan o representen el producto de la actividad ilícita, aun cuando no haya tenido conocimiento de esta última circunstancia, la multa sería de 1,000 a 2,500 días.

Pero si la persona que realice el acto mencionado revela a la autoridad competente la identidad de quien haya aportado los recursos o de quien se conduzca como dueño, la pena podrá ser reducida hasta en dos terceras partes.

Los senadores morenistas, según la exposición de motivos del proyecto de enmiendas legales, están sumamente interesados en el combate al lavado de dinero en el país, así como de otras formas ilícitas de uso de recursos, reconocidas internacionalmente como el financiamiento al terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva, porque ello abona en la lucha contra el crimen organizado que tanto daño ocasiona.

Fuente: El Economista

 

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