PIDEN MEJORA DE ANTILAVADO

A más de seis años de que entrara en vigor la ley antilavado de dinero, es necesario que las autoridades difundan información de los procesos judiciales

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A más de seis años de que entrara en vigor la ley antilavado de dinero, es necesario que las autoridades difundan información de los procesos judiciales originados a partir de los reportes que han entregado los sujetos obligados a cumplir con esta regulación.

Esto es necesario para cubrir mejor los riesgos de que ingresen recursos de procedencia ilícita a la economía, afirmó Jorge Lara, director Jurídico de la Fundación Miguel Estrada Iturbide.

“Lo que necesita hacer la autoridad es un correcto enfoque de riesgo, facilitar y difundir de manera correcta el cumplimiento de la ley, crear mecanismos más sencillos de cumplimiento o hacer reformas para que en la ley sólo queden como sujetos obligados aquellos sectores que generen riesgos importantes”, expuso.

Señaló que hay una falla importante en la rendición de cuentas por parte de la autoridad sobre qué casos sí se están judicializando.

Necesitamos que se publiquen las tipologías que efectivamente están generando casos exitosos con sentencias y procesos de extinción de dominio; de lo contrario, vamos a seguir con impactos normativos que no tienen mayor sentido”, advirtió Lara.

La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, conocida como ley antilavado, fue publicada en 2012 y estableció que a partir de septiembre de 2013 los sujetos obligados tendrían que entregar a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) reportes de las operaciones realizadas por sus clientes que pudieran relacionarse con recursos de procedencia ilícita.

De septiembre de 2013 a octubre de 2019, la UIF recibió 20 millones 940 mil 40 reportes con información de actividades vulnerables; sin embargo, más de 50 por ciento de ellos se concentró en tres sectores:

Un 33.9 por ciento fue reportes del sector vehículos aéreos, marítimos y terrestres; 16.8 por ciento tarjetas de servicios o de crédito y 10.2 por ciento fueron reportes entregados por el sector de empeño.

Agregó que la difusión es uno de los aspectos en los que más ha fallado la autoridad.

“Necesitamos saber de casos judicializados de sectores vulnerables. La ley está diseñada para prevenir y detectar; el problema es que en el sexenio pasado todo el régimen de lavado de dinero se utilizó, al parecer, para otras cosas, y en lo que va de este Gobierno no se ha informado de casos judiciales exitosos”, afirmó Lara, quien en el sexenio de Felipe Calderón se desempeñó como subprocurador Jurídico de Asuntos Internacionales de la entonces Procuraduría 

 Fuente: Reforma