PLD. PROGRAMA DE AUTOREGULARIZACIÓN. ORIGEN Y CONSECUENCIAS

México se sumó al esfuerzo internacional para combatir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, siendo aceptado como miembro de pleno derecho ante el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)

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México se sumó al esfuerzo internacional para combatir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, siendo aceptado como miembro de pleno derecho ante el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), comprometiéndose a implementar las recomendaciones emitidas por dicho organismo internacional para combatir el lavado de activos y el financiamiento al terrorismo, accediendo a ser evaluado por dicho organismo internacional con el objeto de determinar si cumple o no con ciertos estándares mínimos en la prevención del lavado de dinero (a México se le ha evaluado en cuatro ocasiones: 2000, 2003, 2008 y 2017).

Como parte de la tercera ronda de evaluaciones realizadas a sus miembros, en octubre de 2008 fue publicado el Informe de Evaluación Mutua realizado a México[1] en enero de ese mismo año, dentro del cual, entre otros hallazgos, se determinó que nuestro país no cumplía con la recomendación 12 (actualmente recomendación 22),[2] por lo que se llegó a la conclusión de que en México no existía un régimen para la prevención del lavado del dinero y el financiamiento al terrorismo, tratándose de Actividades y Profesiones No Financieras Designadas (APFND): 1. Casinos; 2. Agentes Inmobiliarios; 3. Comerciantes de Metales y Piedras Preciosas; 4. Abogados, Fedatarios Públicos, Contadores y otros profesionistas que manejen recursos de sus clientes y; Proveedores de servicios societarios y de fidecomisos en ciertos casos.

En cumplimiento de las obligaciones asumidas por México y atendiendo a los hallazgos detectados en la revisión que le fue practicada en 2008, el 17 de octubre de 2012 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el Decreto por el cual se expidió la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), la cual en términos de sus disposiciones transitorias entró en vigor el 17 de julio de 2013 (con excepción de las disposiciones relativas a la presentación de avisos y las relativas a la restricción de recepción de efectivo).

Cabe señalar que en el artículo 17 de la LFPIORPI se establece una serie de actos u operaciones (16 actividades que incluyen las APNFD y otras consideradas de riesgo por México para el lavado de activos) denominadas “actividades vulnerables”, por ende, susceptibles de identificación y en algunos casos objeto de aviso ante las autoridades competentes a través del Portal de Prevención de Lavado de Dinero.

Ahora bien, durante los meses de febrero y marzo de 2017 México fue objeto de una cuarta evaluación por parte del GAFI, a efecto de determinar el grado de cumplimiento, por parte de nuestro país, de las 40 Recomendaciones y si existía mejoría en comparación con la última evaluación realizada por parte de dicho organismo internacional.

Los resultados derivados de dicha evaluación fueron publicados por el GAFI en enero de 2018,[3] dentro de los cuales se destaca que México tuvo una mejora significativa en algunas áreas del régimen para la prevención del lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, comparado con el que existía en el año de 2008, señalándose que se ha incorporado a su legislación la obligación, por parte de los sujetos que realizan APNFD, de identificar a sus clientes y usuarios, y en ciertos casos presentar avisos ante la autoridad competente.

Sin embargo, en dicha publicación se resaltó que al momento de la evaluación existían en México alrededor de 64,000 sujetos dados de alta ante la Unidad de Inteligencia Financiera como entidades o individuos que realizan APNFD (actividades vulnerables), monto considerablemente bajo atendiendo a un país con una población estimada (en 2015) de 119.5 millones de habitantes.

“Las DCG que regulan los Programas de Auto Regularización en materia de Prevención de Lavado de Dinero prevén dos programas que los sujetos obligados que realizan actividades vulnerables deberán observar para regularizar sus obligaciones: la auto regularización y la condonación de multas.”

De igual forma, en el Informe se establece que desde 2014 a la fecha de la evaluación las autoridades competentes únicamente realizaron 118 visitas de verificación a entidades o individuos dados de alta como sujetos que realizan actividades vulnerables, lo que implica una revisión del 0.2% de los sujetos dados de alta en el padrón, recomendando a nuestro país que revise los recursos aplicados a la supervisión de las medidas de lucha contra el lavado de activos.

Derivado de los hallazgos antes mencionados publicados por GAFI y atendiendo al gran número de sujetos obligados en términos de la LFPIORPI que han sido omisos en el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la misma, a través de las disposiciones transitorias de la Ley de Ingresos de la Federación para 2019,[4] se estableció un programa de “facilidades” que permite a los sujetos que realizaron actividades vulnerables y que no cumplieron con sus obligaciones durante el periodo del 1 de julio de 2013 al 31 de diciembre de 2018, que cumplan con las mismas y, a su vez, que permita a las autoridades competentes obtener información útil, precisa y eficaz, para el debido ejercicio de sus atribuciones.

Asimismo, en dicha disposición Transitoria se establece que para quienes adopten los Programas de Auto Regularización, no procederá la imposición de sanciones respecto del periodo de incumplimiento y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) podrá condonar las multas que se hayan fijado en términos de la LFPIORPI, debiendo emitir las Reglas bajo las cuales operaran dichos Programas de Auto Regularización.

 En relación con lo anterior, el 16 de abril de 2019 se publicaron en el DOF las Disposiciones de Carácter General (DCG) que regulan los Programas de Auto Regularización[5] en materia de Prevención de Lavado de Dinero en las cuales se establecen los requisitos que se deberán cumplir para poder acceder a dichos programas, mismas que entrarán en vigor a los 45 días hábiles siguientes a su publicación, a saber el 21 de junio de 2019.[6]

En dichas DCG se establece que la adopción de los programas de Auto Regularización deberá efectuarse mediante solicitud que deberán formular los sujetos obligados, a través del portal de Internet de prevención de lavado de dinero, dentro de los 30 días siguientes a la entrada en vigor de dichas DCG.

Las DCG que regulan los Programas de Auto Regularización en materia de Prevención de Lavado de Dinero prevén dos programas que los sujetos obligados que realizan actividades vulnerables deberán observar para regularizar sus obligaciones: la auto regularización y la condonación de multas.

Tratándose de los requisitos que deberán cumplir los sujetos obligados que deseen acceder a los Programas de Auto Regularización se establece que la solicitud de adopción de dicho programa deberá incluir la siguiente información: i) Descripción de las irregularidades cometidas, precisando los preceptos legales incumplidos; ii) Detalle de las circunstancias que originaron la irregularidad; iii) Descripción de las acciones que se pretenden adoptar para corregir el incumplimiento.

Por otra parte, los sujetos obligados que deseen acceder al citado programa deberán cumplir, entre otros, con los siguientes requisitos:

1. a) Estar dados de alta en el padrón de sujetos obligados.

2. b) Que los datos manifestados estén actualizados.

3. c) Encontrarse al corriente de sus obligaciones durante el año 2019.

4. d) Que aquellas obligaciones que se pretendan subsanar no constituyan la comisión de un delito.

Por otro lado, las DCG en comento establecen que el SAT podrá condonar las multas que hayan sido impuestas durante el periodo en que se presentó la irregularidad o incumplimiento que amparen los Programas de Auto Regularización.

Al respecto, se establece que para acceder a la citada condonación de multas se deberá presentar una solicitud de condonación ante la Administración Desconcentrada de Servicios al Contribuyente del SAT correspondiente, dentro del plazo de 20 días siguientes a que haya concluido el plazo de su Programa de Auto Regularización y en la medida en que se hayan corregido totalmente las irregularidades e incumplimientos contenidos en el referido programa.

“Los sujetos obligados a quienes les pudiera resultar aplicable el Programa de Auto Regularización deben determinar que aquellas obligaciones a su cargo en términos de la LFPIORPI han sido cumplidas a cabalidad para corroborar la viabilidad de adherirse al beneficio objeto del presente artículo u optar por las opciones establecidas en dicha Ley para regularizar su situación.”

A pesar de que el citado Programa de Auto Regularización presenta ciertas interrogantes que esperamos sean aclaradas próximamente por las autoridades competentes, consideramos importante que los sujetos obligados a quienes les pudiera resultar aplicable dicho programa determinen que aquellas obligaciones a su cargo en términos de la LFPIORPI han sido cumplidas a cabalidad para corroborar la viabilidad de adherirse al beneficio objeto del presente artículo o en su caso optar por las opciones establecidas en dicha Ley para regularizar su situación.

Lo anterior, ya que es evidente que uno de los principales objetivos del Programa de Auto Regularización es atender a las observaciones efectuadas por GAFI relativo al bajo número de entidades o individuos dados de alta como sujetos que realizan actividades vulnerables (APNFD), quedando pendiente incrementar la supervisión de las medidas de lucha contra el lavado de activos tratándose de dicho tipo de actividades, por lo que muy probablemente concluido el periodo de adhesión a dicho programa veremos un incremento por parte de las autoridades competentes en la revisión del cumplimiento de obligaciones que deriven de la LFPIORPI.

[1] FATF-GAFI/Gafisud. Mutual Evaluation Report. Anti-Money Laundering and Combating the Finantial of Terrorism, octubre de 2008. Disponible en: http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/mer/MER%20Mexico%20ful.pdf

[2] FATF. International Standards onCombating Money Laundering and the Finacing of Terrorism & Proliferation. The FATF Recommendations, junio de 2019. Disponible en: https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/pdfs/FATF%20Recommendations%202012.pdf

[3] FATF/GAFILAT. Anti-Money Laundering and Counter-Terrorist Financing Measures. Mutual Evaluation Report of Mexico, enero de 2018. Disponible en: https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/mer4/MER-Mexico-2018.pdf

[4] Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2019. Disponible en: http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547401&fecha=28/12/2018

[5] Disposiciones de carácter general que regulan los Programas de Auto Regularización. Disponible en: https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5557882&fecha=16/04/2019

[6] Tomando en consideración los días inhábiles establecidos en el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo y la Regla 2.1.6 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2019 que establece los días inhábiles para el Servicio de Administración Tributaria.

Fuente: Foro Jurídico


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