PREOCUPA IMPLEMENTACIÓN DE LEY ANTIFACTURERAS Y DE EXTINCIÓN DE DOMINIO

La implementación de la ley que equipara la defraudación fiscal con delincuencia organizada así como la ley nacional de extinción de dominio generará una carga administrativa

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La implementación de la ley que equipara la defraudación fiscal con delincuencia organizada así como la ley nacional de extinción de dominio generará una carga administrativa y miedo a las personas físicas y morales que registren actividades que impliquen recursos facturados por 7.8 millones de pesos, indicó Jaime Espinosa, socio de la firma de abogados fiscales Hogan Lovells.

“Preocupa el hecho de cómo la Procuraduría Fiscal de la Federación y la Fiscalía General de la República armarán sus casos y cómo van a aplicar las disposiciones de estas leyes”, expuso en conferencia de prensa.

Comentó que las empresas van a tener que cubrir parte del trabajo que debería hacer el Servicio de Administración Tributaria (SAT), pues deberán tener un gobierno corporativo más estricto que se encargue de verificar que sus proveedores no estén en la lista negra del SAT y que no están en algún tipo de contrato u operación donde se esté cometiendo evasión de impuestos.

“Todas las personas que utilicen comprobantes fiscales van a tener que ser cuidadosos de verificar de quiénes reciben un servicio, deberán asegurarse de que efectivamente cuentan con la infraestructura, recursos y activos para poder presentar servicios o bienes”.

A su parecer, las reformas que se hicieron tanto en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, Ley de Seguridad Nacional, del Código Nacional de Procedimientos Penales, del Código Fiscal de la Federación y del Código Penal Federal no tendrán un impacto directo en la recaudación fiscal.

“La coerción penal no es la mejor manera de recaudar (...) lo más complicado es, primero, determinar que hay delincuencia organizada y que se haga sin filias ni fobias políticas”, expresó el abogado.

Espinosa ejemplificó: si tres personas se pusieron de acuerdo para la venta y compra de facturas y ello generó recursos por 100 millones de pesos, podrían ser investigados y acusados por delincuencia organizada.

“Esto implica que también sean juzgados con la Ley Nacional de extinción de dominio. Por un lado, vas a tener a la Fiscalía General de la República solicitando la acción penal al ministerio público federal y, paralelamente, la misma Fiscalía puede demandar por la vía civil la extinción de dominio de los bienes que hayan sido instrumento, objeto o producto de ese hecho ilícito”.

Es decir, si por la venta de facturas obtuvieron 100 millones de pesos, con la ley de extinción de dominio, se puede obtener una sentencia favorable en la que estos 100 millones de pesos pasan a manos del Estado, “si no se ha resuelto la causa penal (de acusación de delincuencia organizada), en la que puede suceder que te declaren no culpable, el Estado ya se apropió de tus bienes”.

Otra cuestión que preocupa es que, si una persona renta un terreno y ahí se llevan a cabo actividades ilícitas como la venta de facturas apócrifas, con la ley de extinción de dominio, el Estado se puede apropiar de este territorio, detalló el abogado.

Cómo se inicia el proceso

Quien cometa defraudación fiscal se someterá al siguiente proceso:

  • El SAT hace una auditoría y presenta un dictamen.

  • Lo turna a la Procuraduría Fiscal de la Federación, donde se hace un análisis y se decide si hay o no delito.

  • Si es un delito, entonces, se presenta una querella ante la Fiscalía General de la República, la cual decide, a través de varios criterios, si hay delito o no.

  • En caso de que decida que es un delito, se ejerce una acción penal y se manda el caso a un juez y todavía se puede decidir si hay delito o no.

  • Si la autoridad decide que sí hay delito, se vincula a proceso.

    Fuente: El Economista


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