RETO DE MÉXICO, CERRAR LAS PUERTAS A FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO

El gobierno mexicano tiene el reto de cerrarle las puertas al financiamiento al terrorismo, pero el gran pendiente en la materia para el Estado es modificar el marco legal

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El gobierno mexicano tiene el reto de cerrarle las puertas al financiamiento al terrorismo, pero el gran pendiente en la materia para el Estado es modificar el marco legal para castigar penalmente a las personas morales involucradas en dicha actividad, además de generar una adecuada comprensión del riesgo de este ilícito en autoridades, instituciones financieras y entidades que realicen alguna actividad vulnerable, especialmente las organizaciones sin fines de lucro.

En México, tanto el terrorismo como el financiamiento al mismo están tipificados en el artículo 139 del Código Penal de la Federación. Asimismo, autoridades involucradas en el combate y prevención del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo trabajaron en fortalecer el marco para la detección, combate y castigo de dicho ilícito, especialmente desde la evaluación del Grupo de Acción Financiera (GAFI) a México, que se conoció en el 2018.

En la primera Evaluación Nacional de Riesgos en octubre del 2016, se señaló que el riesgo de financiamiento al terrorismo en el país proviene de dinámicas externas y su posición geográfica, la porosidad de la frontera con Estados Unidos y la corrupción; todos éstos son factores que “plantean la posibilidad de que México sea utilizado como plataforma logística, operativa y financiera para el terrorismo internacional”.

Asimismo, el GAFI señaló que, a pesar del encuadre institucional que se tiene para perseguir el financiamiento al terrorismo, las autoridades no contaban con pautas para la identificación clara y priorización de casos potenciales.

Especialistas coincidieron en que si bien en México todavía no existe un antecedente oficial de un acto de financiamiento al terrorismo que pudiera apuntar hacia organizaciones como Al Qaeda o el Estado Islámico, recientemente surgieron señales para que las autoridades y sujetos obligados eleven su comprensión del riesgo de dicho ilícito. Por ello su combate a nivel mundial es una de las prioridades del GAFI.

Para Iván Alemán Loza, socio fundador del despacho Alemán & Santiago, un área de oportunidad que se tiene en el tema es distinguir correctamente el lavado de dinero del financiamiento al terrorismo, pues ambos delitos se abordan desde la misma óptica; sin embargo, tienen diferencias particulares que deben ser comprendidas tanto por autoridades como por sujetos obligados para poder mitigar el riesgo de dicho ilícito.

Conceptos diferentes

“Ambos fenómenos (lavado de dinero y financiamiento al terrorismo) se abordan en un mismo paquete y ciertamente tienen diferencias importantes y el enfoque y la investigación tienen que ser diferentes”, comentó el exvicepresidente de Procesos Preventivos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Alemán Loza añadió que una de sus principales diferencias entre lavado de dinero y financiamiento al terrorismo es que para financiar una actividad terrorista los recursos no necesariamente tienen que ser de origen ilícito, como sí lo es en el blanqueo de capitales.

Para Jorge Lara Rivera, presidente del Colegio Mexicano de Abogados Humanistas, la situación migratoria que se agudizó en los últimos meses en el sur del país, con la llegada de personas de diversas nacionalidades con la intención de ingresar a Estados Unidos desde México, tiene que encender las alertas respecto a este asunto.

“En México se empiezan a detectar corrientes migratorias de Medio Oriente y que en algunos casos podrían ser consideradas en otras naciones, como Estados Unidos, como canales de financiamiento a probables grupos terroristas”, declaró Lara Rivera y añadió que, en este sentido, tanto entidades financieras como las que realizan alguna actividad vulnerable tendrán que realizar una debida diligencia reforzada al respecto, así como la adecuación de nuevos perfiles de riesgo para mitigar y detectar oportunamente dicho ilícito.

Fuente: El Economista



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