SAT DESTAPA FRAUDE DE FACTURERAS POR HASTA 354,500 MILLONES DE PESOS

Se ha llevado a cabo un operativo a nivel nacional contra estas empresas factureras

Odoo CMS- Imagen simple flotante

 

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó que con la emisión de 8.8 millones de facturas que suman 1.6 billones de pesos se calcula una evasión fiscal de aproximadamente 354,512 millones de pesos.

Margarita Ríos-Farjat, titular del fisco, explicó que, del 2014 al corte del 20 de junio pasado, se encontraron 8,204 empresas factureras como definitivas, es decir, que simulan operaciones a través de facturas falsas.

“La lista es de 8,204 empresas factureras, pero de ninguna manera significa que sea todo el universo, de hecho, nos parece una muestra pequeña del universo que consideramos que hay, pero nos da una idea del problema”, declaró en la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Detalló que, en total, estas empresas han emitido 8.8 millones de facturas falsas, es decir, aproximadamente 1,000 por cada facturera.

Precisó que el monto de operaciones, celebradas en el periodo, fue de 1.6 billones de pesos, con lo cual, suponiendo que toda factura se dedujo, la evasión sería de 354,512 millones de pesos, lo que representa 1.4% del Producto Interno Bruto (PIB).

Indicó que 60% de las empresas facturadoras se ubicó principalmente en la Ciudad de México, Jalisco, Nuevo León, Veracruz, Coahuila, Estado México, Guanajuato, Guerrero y Puebla.

En la conferencia de prensa en Palacio Nacional, la funcionaria dijo que las características de las empresas dedicadas a emitir facturas falsas son que no cuentan con activos, personal, infraestructura física, no se localizan en el domicilio fiscal o después de un tiempo lo desocupan, comparten el domicilio con otros contribuyentes, generalmente están en zonas marginadas, virtuales o ficticias, los socios no cuentan con recursos económicos, no declaran, son ilocalizables, habitan en zonas marginadas o fueron incluso empleados, abren cuentas y luego las cancelan.

Expuso que su objeto social suele ser muy amplio, desde la elaboración de un manual de buena conducta para una empresa, un estudio de mercado, hasta una asesoría jurídica o contable. “Las factureras no son fantasma, existen y facturan”, puntualizó.

Operativo nacional

La jefa del SAT informó que el pasado 20 de junio se llevó a cabo un operativo a nivel nacional en donde visitaron, revisaron y suspendieron a 150 de estas empresas, creadas en el 2017 y que han facturado 282,000 millones de pesos en los últimos dos años, por lo que la posible evasión de ese monto facturado ascendería a 62,000 millones de pesos.

Margarita Ríos-Farjat destacó que, por estos hechos, el SAT presentó 23 denuncias ante la Fiscalía General de la República en contra de empresas que han deducido operaciones simuladas, entre las cuales hay algunas que el SAT identifica como desvío de recursos públicos. Refirió que las denuncias alcanzan a exfuncionarios de la Secretaría de Hacienda que se han vinculado con estos esquemas.

Además, el fisco remitió a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) los datos de las 150 empresas para hacer un cruce de datos y saber a dónde van los flujos financieros.

“Necesitamos los intercambios de información con la UIF para armar los casos. Nosotros no vamos a avisar de nuestros operativos, el único aviso es que, si alguien tiene alguna factura falsa o no está muy seguro, se acerque a nosotros cuanto antes”, dijo más tarde en entrevista radiofónica con Joaquín López Dóriga.

Refuerzo a la lucha

Las acciones que realiza el gobierno, en específico el SAT, para combatir a las facturas apócrifas se ha reforzado, de acuerdo con expertos en el tema.

“No se había abordado este tema como lo está haciendo el gobierno actualmente. Está haciendo gran énfasis. De hecho, fue parte de las promesas de López Obrador al tomar protesta”, expresó Silvia Matus, integrante de la Comisión de Prevención de Lavado de Dinero del Colegio de Contadores Públicos de México.

Agregó que los operativos del SAT, así como un mayor intercambio de información con la UIF se unen a las diferentes iniciativas que se han presentado para modificar leyes y que “finalmente se mejoren las carpetas de investigación, se puedan consignar y se castigue adecuadamente”.

Por su parte, Manuel Baltazar Mancilla, director de México Fiscal, precisó que los operativos del SAT son indispensables, ya que es forzoso perseguir a los delincuentes; sin embargo, dijo que también se debe castigar a quienes deducen, ya que también afectan la recaudación tributaria.

“El operativo ayuda, abona al combate, pero no resuelve, se necesita algo más de fondo que también vaya contra quienes son los que deducen las facturas”, indicó.

En la conferencia, Ríos-Farjat reconoció que “se ha descuidado a quien deduce en materia legislativa”, algo que buscan solucionar.

Iniciativa en el senado

“El tráfico de facturas es una gran tranza, que permitió el huachicoleo de facturas y que causa evasión fiscal de miles de millones de pesos. Y ya vamos a poner orden en este tema. El compromiso es que no habrá impuestos nuevos o aumentos, pero no se va a permitir la defraudación fiscal (...) Hay una iniciativa de ley, se va a convertir en delito grave, es decir, no va a alcanzar fianza quien cometa estos ilícitos”, declaró López Obrador.

Actualmente, en el Senado de la República está pendiente la discusión sobre una iniciativa presentada por el legislador de Morena, Alejandro Armenta, la cual busca que la defraudación fiscal, como lo es la emisión de facturas apócrifas y la creación de empresas fantasma, sea considerada dentro de los delitos que se catalogan como delincuencia organizada.

“(La iniciativa) plantea combatir a quienes acuerdan, criminalmente, evadir millonariamente al fisco federal. Asimismo, busca combatir a las empresas facturadoras de operaciones simuladas y a las empresas que deducen operaciones simuladas, así como cualquier otra conducta delictiva de contenido económico”, señaló en la iniciativa.

Al poner los delitos de defraudación fiscal como parte de la delincuencia organizada, éstos ameritarían prisión preventiva oficiosa.

Fuente: El Economista

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