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A pocos meses del inicio del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, las asociaciones representativas del sector de las sociedades financieras de objeto múltiple (sofomes), el de mayor número de intermediarios en el país, han visto una oportunidad para expresar a las autoridades sus iniciativas de mejora a su marco regulatorio.

De acuerdo con información recabada por este medio, tanto la Asociación Mexicana de Entidades Financieras Especializadas (AMFE) como la Asociación de Sofomes en México (Asofom) ya han expresado sus propuestas de mejora regulatoria a su marco normativo, con el fin de tener mayor penetración en el mercado y lograr una depuración, aún mayor, de este sector, el cual en la actualidad cuenta con más de 1,600 sociedades en operación.

La AMFE, que concentra 37 entidades de las cuales la mayoría son sofomes con una cartera de 330,000 millones de pesos, la iniciativa va en el sentido de exigir un capital mínimo a estas sociedades, el cual en la actualidad no es necesario, con el fin de que las que puedan cumplirlo sean entidades serias y sólidas financieramente.

Según fuentes de la AMFE, presidida por Enrique Bojórquez Valenzuela, la intención de dicha propuesta es que la autoridad exija un capital mínimo equivalente a 2.5 millones de Udis, alrededor de 17 millones de pesos, lo que haría que se consolide, todavía más, este sector, después de la depuración que llegó con las exigencias de la reforma financiera en el 2014 en materia de prevención de lavado de dinero.

“Hay muchas sofomes de 3 pesos. Lo conveniente aquí es exigir un capital mínimo (...) con ese capital te quitas de encima a más de 1,000 sofomes que dicen que prestan dinero, piden una comisión para prestar y se roban el anticipo. Con esto se disminuiría el tema de créditos milagro”, detalló la fuente consultada por este medio.

De acuerdo con la fuente, el costo operativo de una sofom va de 3 millones a 4 millones de pesos al año, por lo que en el mercado deben existir entidades sólidas financieramente y que puedan responder al reto de operar una entidad de esta naturaleza.

“El mercado tiene que entender que, para tener un intermediario financiero formal, éste debe tener dinero, no debe ser una entidad vacía y pedir dinero, porque administrar una sofom cuesta unos 3 o 4 millones de pesos al año, no es cualquier cosa”, indicó la fuente de la AMFE.

Respecto a los nuevos requerimientos de información que pedirá la autoridad a estos intermediarios, tal y como lo dio a conocer este medio recientemente, la fuente expuso que gran parte de dichos datos que serán exigidos ya se reporta a la banca de desarrollo, por lo que sería conveniente crear un expediente único, para no generar una duplicidad en el cumplimiento de estas entidades.

Quitarse el apellido

Respecto a la propuesta de la Asofom, que concentra a más de 130 de estos intermediarios, va en el sentido de quitarles el apellido de entidades no reguladas (ENR), pues, según fuentes de esta asociación, este mote de ENR les afecta en el mercado a pesar de que sí están reguladas, aunque sólo en temas de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo y no en materia prudencial.

En la actualidad, existen dos tipos de sofomes, las entidades no reguladas, reguladas sólo en materia de prevención de lavado de dinero, y las entidades reguladas, las cuales sí están supervisadas en materia prudencial por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, ya sea por pertenecer a un grupo financiero o ser partícipes del mercado de valores.

De acuerdo con autoridades, lo conveniente es que exista sólo la denominación de sofomes tanto para las reguladas como para las no reguladas y que éstas se diferencien según niveles. Por ejemplo, que las sofomes reguladas sean las de nivel 1 y el resto se ubique en otros niveles.

Actualmente, hay 1,644 sofomes no reguladas y 48 reguladas.

Fuente: El Economista

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