SON 106 CAJAS DE AHORRO IMPEDIDAS PARA CAPTAR

Como parte del proceso de regularización del sector de sociedades cooperativas de ahorro y préstamo (socaps), en la actualidad 106 de estas entidades están impedidas para captar recursos de sus socios, indicó el sexto Informe presidencial.

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De acuerdo con el documento, como parte del proceso de regularización de estas entidades, que comenzó en el 2001, se consideró que estas 106 socaps no pueden captar ahorro de sus socios, pues no se apegaron al régimen transitorio de la ley para regularizarse o se evaluaron en nivel D, es decir que no son financieramente viables principalmente por no cumplir con los niveles de capitalización requeridos.

El informe indica que, de acuerdo con los datos del sector, a junio del 2018 había 793 socaps en el país, de las cuales 159 estaban autorizadas para operar, 514 eran de nivel básico las cuales por su número de activos no requerían el aval de la autoridad para funcionar, y 106 están impedidas para captar, por lo que tienen que apegarse a un esquema de salida ordenada.

Asimismo, a junio pasado, nueve socaps habían presentado una solicitud para continuar operaciones de ahorro y préstamo, por lo que tenían pendiente su resolución, y cinco más se encontraban en un proceso de salida ordenada, es decir que pueden acceder a los mecanismos de apoyo que ofrece el Fondo para el Fortalecimiento de Socaps y de Apoyo a sus Ahorradores (Fipago).

Para apegarse a un esquema de salida ordenada con apoyo del Fipago, las socaps que tienen que dejar de operar deberán de ser evaluadas para así  determinar los mecanismos de apoyo, que pueden ser, pago directo a sus ahorradores hasta por 167,930 pesos o la fusión con otra cooperativa de ahorro y préstamo autorizada.

Hace algunos días, este medio informó que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) al final de esta administración terminaría de resolver los cuatro expedientes con los que cuentan del mismo número de socaps para saber si continúan operaciones o tienen que apegarse a un esquema de salida ordenada.

“Para que el Fipago pueda apoyar a los ahorradores, es necesario que las autoridades del gobierno del Estado en donde realicen operaciones aporte recursos en una proporción de 1 peso por cada 1.75 que aporte el Fipago”, se puede leer en la información del sector proporcionada por la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef).

La Condusef indica que las socaps que estén impedidas para captar recursos del  público, y aun así realicen operaciones de ahorro y crédito, estarían contraviniendo la ley y sus administradores serían sujetos de delito penal.

De acuerdo con la información del sector, estas cuatro socaps atienden en distintos estados a poco más de 23,000 socios.

“Tenemos ya pocas solicitudes para dar nuestra postura  sobre si van a ser autorizadas, el objetivo es poder dar nuestra postura (de todas) antes de que termine la actual administración, en eso venimos trabajando”, explicó Cecilia Mondragón Lora, vicepresidenta de Banca de Desarrollo y Finanzas Populares de la CNBV.

Fuente: El Economista

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