AMLO INSTRUYÓ A LA UIF PONER BAJO LA LUPA A MINISTROS Y EXMINISTROS DE LA SCJN


El tiro ya estaba cantado desde octubre de 2014. Con dos palabras, Andrés Manuel López Obrador, en ese entonces presidente del Consejo Nacional de Morena, abrió un flanco de guerra con algunos ministros y exministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).


En aquellos días como dirigente opositor, el tabasqueño calificó a los integrantes de la Sala Superior del máximo órgano de justicia en México de “vulgares corruptos” por rechazar una consulta popular –impulsada por él y por su movimiento– para someter a un plebiscito la controvertida reforma energética del presidente Enrique Peña Nieto.


“Desgraciadamente se cumplió lo que dije a cada uno de los ministros en una carta que les envié el 8 de abril (de 2014), quienes desde entonces se habían comprometido con los mandos políticos del régimen a declarar improcedente la consulta ciudadana.


“Si de por sí ya estaba en duda la honestidad de los ministros, ahora se ganaron con creces que se les tache de ‘vulgares corruptos’”, lanzó el tabasqueño en aquella ocasión, durante una gira por distintos municipios de Morelos.


A seis años y medio de ese primer encontronazo, nos cuentan fuentes cercanas a los exministros Eduardo Medina Mora –quien renunció a su cargo el 3 de octubre de 2019, al revelarse que era investigado por la Unidad de Inteligencia Financiara (UIF) por presuntamente recibir transferencias que no correspondían con su declaración patrimonial– y a José Ramón Cossío Díaz –quien recientemente ha sido acusado por AMLO de estar detrás de los amparos para detener las obras de los megaproyectos del actual gobierno, así como de los que mantienen en el limbo jurídico la Ley de la Industria Eléctrica–, que el presidente tiene en la mira a ministros, magistrados y jueces (en funciones y en retiro) cercanos a Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.


“¡SON ALCAHUETES Y ESTÁN MAICEADOS!”

Pero ya en su tercera campaña presidencial, López Obrador se dio vuelo en sus críticas a los ministros, sobre todo al cuestionar sus “descomunales y ofensivos salarios de 650 mil pesos al mes”.


El 7 de febrero de 2018, durante una gira de precampaña por Colima –precisamente en donde estudió la carrera de Derecho José Ramón Cossío–, el precandidato de la alianza “Juntos Haremos Historia” (Morena-PT-PES) recriminó que los ministros de la Corte “no desquitan su salario y están maiceados por la ‘mafia del poder’ para actuar bajo consigna, a pesar de que el dinero que ganan es de los impuestos que pagan los mexicanos”.


“¡Son alcahuetes y están maiceados! Así lo confirmaron cuando propuse la importancia de que se consultara al pueblo la implementación de la reforma energética de Enrique Peña Nieto, con tres millones de firmas como respaldo, pero los ministros la declararon improcedente”, anotó AMLO en aquella ocasión.


Ya como presidente de la República, López Obrador echó a andar los llamados “magaproyectos” de infraestructura, a los cuales les ha dado una prioridad extraordinaria en lo que va de su administración, y que contemplan la construcción del Aeropuerto de Santa Lucía, el Tren Maya, la Refinaría de Dos Bocas, el Corredor Transístmico (Salina Cruz-Coatzacoalcos) y la Termoeléctrica en Huexca, Morelos.


Sin embargo, desde un inicio estos proyectos han sido interrumpidos constantemente por amparos judiciales, lo cual ha orillado a una constante interrupción de las obras que, cabe destacar, fueron encomendadas al Ejército Mexicano.


“SABOTAJE LEGAL”

No fue sino hasta la conferencia de prensa “mañanera” del 25 de septiembre de 2019 cuando el jefe del Ejecutivo federal denunció un “sabotaje legal” a los megaproyectos de la Cuarta Transformación.


Incluso, el tabasqueño comentó que aunque ya se habían desaparecido las funciones del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), que tenía la función de “espiar y perseguir a los opositores al régimen”, la gente –dijo– “siempre me ha informado”.


Enseguida, López Obrador aseguró que en esos informes le dijeron que “hay un exministro de la Corte, (José Ramón) Cossío, asesorando a quienes están promoviendo los amparos en contra nuestra, en contra de las obras que lleva a cabo el gobierno, en particular el Aeropuerto de Santa Lucía, y que son 16 despachos de abogados”.


“Entonces, esta es una acción, si no ilegal, sí ilegi