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Aureoles pagó 19.5 mdd a empresa de esposo de Inés Gómez Mont para montar red de espionaje



Detalló que la administración pasada firmó un contrato de monitoreo y actualización de las direcciones IP de dispositivos electrónicos en todo el estado, para lo que se utilizaron 12 computadoras. Dijo que los equipos fueron retirados porque una parte del contrato no se pagó.


El contrato fue firmado en 2017 por el exsecretario de Finanzas, Carlos Maldonado, con la empresa Integra Software, representada por Raúl García Palacios. Aclaró que no se encontró en la casa de gobierno ni en instalaciones del gobierno dispositivos de espionaje.


Durante una conferencia de prensa, el mandatario michoacano señaló que el gobierno de Aureoles utilizaba un modelo de fraude mediante el arrendamiento. En ese sentido, mencionó que la administración pasada rentaba patrullas, el Centro Estatal de Comando, Comunicaciones, Cómputo, Control, Coordinación e Inteligencia (C-5), helicópteros e incluso cuarteles de la policía.


Dijo que el costo de las rentas era hasta seis veces más caro que los servicios arrendados, por lo que su gobierno inició una investigación al respecto, con el fin de determinar las responsabilidades correspondientes.


Este lunes, el columnista de El Universal, Salvador García Soto, aseguró que se pagaron hasta 132 millones de dólares en cinco años, desde 2017 hasta 2021 y la empresa de Álvarez Puga recibió 2.5 millones de dólares mensuales, con un primer pago de 7 millones de dólares.


El periodista dijo tener copia del contrato, que se hizo por adjudicación directa, con el número CAPDE-1SGAB-00117.


“De acuerdo con fuentes que conocieron de la instalación y operación de ese ‘sistema de monitoreo y seguimiento de direcciones IP’, se trataba en realidad de un centro desde donde se practicaba espionaje y seguimiento a teléfonos celulares y equipos de cómputo no sólo de Michoacán sino de todo el país, y en donde se espiaba a personajes políticos, empresarios, periodistas y otras personas públicas“, señaló García Soto.


Al empresario Víctor Manuel Álvarez Puga y a la conductora Inés Gómez Mont, las autoridades federales les atribuyen haber obtenido contratos públicos para desviar casi 3 mil millones de pesos mediante empresas fachada.

Sobre ambos pesa una orden de aprehensión por su probable responsabilidad en los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, delincuencia organizada y peculado. La Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) emitió una ficha roja de localización para la pareja, por lo que son buscados en 190 países.

Fuente: Aristegui Noticias

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