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DEL 2016 A LA FECHA, SE HAN LAVADO 1 BILLÓN DE PESOS: UIF

La cifra se basa en estimaciones realizadas por diversas agencias del Estado, pero no se trata de una cantidad definitiva.



Uno de los datos más relevantes que arrojará la segunda Evaluación Nacional de Riesgos (ENR), que coordina la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, es respecto al monto de flujos ilícitos que circulan en el país, producto de otros delitos, con el potencial de ser lavados en México. Según el titular de esta instancia, Santiago Nieto Castillo, dicho documento presentará que, del 2016 a la fecha, se blanqueó alrededor de 1 billón de pesos en el país.


Para Nieto Castillo, pese a que esta cifra estimada se basa en cálculos de diversas agencias del Estado mexicano, no significa que sea una cantidad definitiva, pues existen otras estimaciones, que consideran otros factores, de diversos organismos tanto nacionales como internacionales.


“El monto total (estimado de lavado de dinero) tanto en el sistema financiero como en actividades vulnerables que da la ENR es de 1 billón de pesos, es realmente un monto importante, hemos tenido aproximaciones que hablaban 50,000 millones de dólares (al año) por parte del departamento de Estado de Estados Unidos, pero el dato que nosotros presentamos es ese a partir de la segunda ENR”, comentó Nieto Castillo sobre la segunda evaluación, de la cual sólo existen versiones previas sin que haya un documento definitivo.


El funcionario destacó que próximamente el país presentará al Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) una solicitud de revisión respecto al avance que ha tenido México en materia antilavado, luego de la evaluación de este organismo al país dada a conocer en el 2018.


“Vamos a pedir solamente la recalificación en torno a las recomendaciones que estuvieran en este momento como parcialmente cumplidas o mayoritariamente cumplidas”, explicó el titular de la UIF.


Hace algunos días, este medio publicó que de acuerdo con el Basel AML Index 2020, elaborado por el Instituto de Basilea sobre la Gobernanza, México presentó una calificación este año, respecto a su régimen de prevención y lucha contra el lavado de dinero, de 5.2 (donde 10 significa el riesgo más alto), es decir, prácticamente la misma evaluación que arrojó el país en el 2018, que fue de 5.13, y del 2019, donde registró una ponderación de 5.17.


De acuerdo con la evaluación del GAFI, presentada en el 2018, de las 40 recomendaciones de este organismo, México arrojó una como no cumplida, 15 como parcialmente cumplidas, 19 mayoritariamente cumplidas y cinco con las que cumplía en su totalidad.


Según lo anunciado por Nieto Castillo,  la mayor parte de la nueva revisión del organismo se solicitará en las 15 recomendaciones categorizadas como parcialmente cumplidas, dentro de las que destacan la debida diligencia del cliente por parte de los sujetos obligados a tener esquemas de prevención antilavado, la identificación de personas políticamente expuestas y la transparencia del beneficiario final.


De las 40 recomendaciones, la única que no cumplió México en la última revisión fue la número 23, que establece que las autoridades deben de exigir medidas adicionales a ciertas actividades vulnerables en materia de prevención de lavado de dinero.


Nieto Castillo indicó que el país ha tenido avances claros en la lucha contra el lavado de dinero, por ejemplo, en la tipificación del delito de blanqueo de activos, en el fortalecimiento de la UIF, en la emisión de disposiciones en materia de prevención de blanqueo de capitales y en la incorporación de nuevas actividades al universo de sujetos obligados.


“El problema radica en el tema de impunidad, pero ha habido mejoras, por ejemplo, de la duplicación del número de denuncias por parte de la UIF o en el hecho de que el Consejo de la Judicatura Federal logró incrementar el número de sentencias condenatorias respecto a las absolutoria”, apuntó el funcionario.


Avances en el régimen antilavado

  • Tipificación de delitos.

  • Fortalecimiento de la UIF.

  • Reforma de disposiciones antilavado.

  • Establecimiento del procedimiento de extinción de dominio.

  • Firma del Tratado sobre Prohibición de las Armas Nucleares.

  • Debida atención a la amenaza de la corrupción.

Fuente: El Economista

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