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Hay funcionarios corruptos detrás de la trata de personas: Santiago Nieto


Al participar, a distancia, en el foro Hacia los 10 años de la Ley contra la Trata de Personas. Desafíos, retos y perspectiva, organizado por el Senado, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, sostuvo que no se puede entender la trata de personas “sin la participación de autoridades, sobre todo a nivel municipal, protegiendo a los grupos delictivos; no se puede explicar sin la corrupción judicial, la ministerial y la policial, que permite generar un ‘blindaje’ jurídico’’.


Destacó que por más que un secretario de Seguridad, un gobierno federal o local saque de la calle a narcomenudistas, sicarios o tratantes, “si estos grupos mantienen sus estructuras financieras, la afectación a la red criminal será mínima”, porque volverán a enganchar a personas.


El titular de la UIF declaró que “es importante combatir las estructuras financieras y la corrupción política que les da cobijo’’. Explicó que los desafíos encontrados por parte de la dependencia que dirige fue entender que en muchas ocasiones el delito de trata tiene que ver con un componente financiero y con un mecanismo de explotación sicológica de las víctimas.

Los grupos delincuenciales, señaló Nieto, usan negocios intensivos como bares, restaurantes, hoteles, moteles y centros de masaje para la explotación sexual, y el uso de cuentas bancarias de terceros para lavar los ingresos ilícitos. Informó que el mayor número de casos está asociado a negocios de sexoservicio y se tienen relacionados 2 mil 131 reportes de operaciones monetarias inusuales que han sido presentados por el sistema financiero y “encontramos 63 redes de movimientos inusuales vinculados a menores de edad en tiempos de Covid’’.


Manifestó que la UIF han bloqueado mil 447 cuentas bancarias ligadas a tratantes por un monto de 147 millones de pesos. Durante su participación en el foro, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, destacó que es necesario impulsar una iniciativa de reforma a la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, que defina este crimen y lo diferencie de la explotación.


Ello, precisó, con el objetivo de que el Legislativo adopte medidas firmes para enfrentar la impunidad y superar la ineficacia que actualmente prevalece para prevenir, sancionar y erradicar este fenómeno. Refirió que, además de ser un esquema delictivo, constituye una forma de violencia extrema y violación grave a los derechos humanos de los agraviados.


Encinas explicó que los métodos para victimizar, de acuerdo con las denuncias que se tienen, 43 por ciento obedecen a ofertas de trabajo, 28 por ciento, a enamoramiento; 12 de cada 100, a promesas de ayuda; 7 por ciento, vinculados a la privación de la libertad; 5 por ciento, por recepción de pagos para obtener el consentimiento; 3 por ciento, al uso de sustancias, y 2 de cada 100 a promesa de superación personal.


Espacios de esclavitud


Refirió que existe la trata de personas con esclavitud, de condición de siervo, prostitución, explotación laboral, trabajo forzado, mendicidad forzada, menores en actividades delictivas, adopción ilegal, matrimonio forzoso, tráfico de órganos y experimentación biomédica.


Abundó que la eficacia de los sistemas de justicia es insuficiente porque solamente existen 790 sentencias firmes, por ello, “es necesario que el Congreso adopte medidas contundentes”.


El funcionario señaló que la Ciudad de México, el estado de México y Jalisco concentran 58 por ciento de las denuncias vinculadas a trata de personas y, de ellas, 85 por ciento corresponden a casos en agravio de mujeres y niñas, 15 por ciento, a varones; 73 por ciento, a adultos mayores, y 27 de cada 100, a niños.


Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política, manifestó que, a 10 años de la entrada en vigor de la ley para combatir la trata de personas, es necesario actualizar este marco normativo con el fin de establecer mecanismos que profundicen la cooperación internacional para erradicar esta forma de esclavitud moderna.


Fuente: La Jornada

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