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MÉXICO ES UNA GRAN LAVADORA DE DINERO: UN DeLITO DEL QUE SE SALE FÁCIL


Cifras oficiales de la Fiscalía General de la República (FGR) revelan que la posibilidad de que una persona sea castigada por lavar dinero es del 2 por ciento.

En México es posible lavar dinero sin temor a ser procesado por la justicia. Poco importan las transacciones bancarias de grandes montos, los depósitos en efectivo por millones de dólares o empresas fantasma triangulando dinero de paraísos fiscales hacia al país.


De hecho, organismos internacionales han ubicado al país como un lugar donde la presencia del crimen organizado y la inacción de las autoridades facilitan que el dinero se mueva de manera ilegal.


Ahora, una investigación de MCCI revela que, en 13 años de gobierno, se abrieron 1,632 averiguaciones y las autoridades mexicanas solamente han logrado sentenciar a 44 personas por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita conocido como lavado de dinero.


La mayoría obtuvo la pena más baja por este delito, que es de cinco años de prisión.

A través de solicitudes de acceso a la información realizadas durante un año a la Fiscalía General de la República (FGR) y al Poder Judicial de la Federación (PJF) se encontró que México ha fracasado en el combate al lavado de dinero.


En los últimos 13 años, 373 personas tramitaron amparos para protegerse de ser acusados por las autoridades del delito de recursos de procedencia ilícita.


MCCI analizó el total de amparos y encontró las razones por las cuales los acusados ganaron ante los tribunales: falta de pruebas y violaciones a los derechos humanos son algunos de los motivos por los cuales se cayeron los casos.


A través del análisis de estos 373 expedientes, se encontraron diversas irregularidades en las que incurrieron policías, autoridades de la UIF, así como el Ministerio Público.


A pesar de que las autoridades presumieron que las detenciones se dieron a través de acciones de inteligencia financiera, MCCI detectó que solo en 8 expedientes se iniciaron investigaciones por lavado de dinero luego de realizar un rastreo en sus cuentas bancarias.


Los casos sucedieron en flagrancia, es decir, cuando policías o elementos del Ejército Mexicano detectaron que los presuntos delincuentes portaban un arma, droga o fajos de billetes. De igual forma, presuntos delincuentes fueron detenidos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México cuando pasaron su maleta por la banda de seguridad.


La mayoría de los casos eran mujeres que transportaban montos entre los 80 mil y 500 mil dólares.


Los amparos revelan que existieron al menos tres patrones por los cuales se cayeron los casos en los tribunales: el Ministerio Público no logró acreditar el delito; hubo irregularidades durante la detención; y en otros se cometieron violaciones a sus derechos humanos como lo fue la tortura y la retención ilegal.


En las instalaciones de la UIF se cuenta con la infraestructura tecnológica para recibir y ordenar los reportes bancarios en tiempo real, pero no con el personal suficiente. Por ejemplo, hay tan solo una actuaria que elabora los análisis de riesgos. De hecho, en entrevista Nieto aceptó que los bancos se habían quejado con la UIF debido a que no veían resultados concretos con los reportes que entregaban.


Las filtraciones a las que MCCI tuvo acceso como parte de la investigación mundial del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) son los reportes de actividad sospechosa (SAR) que elaboran los bancos que operan en Estados Unidos.


Fuente Original: Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad

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