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Robo, lavado de dinero y despojo en planta cementera de Tula



Las personas que mantienen bajo su control la planta de Cruz Azul en Tula de Allende, de Hidalgo, enfrentan diferentes denuncias y órdenes de aprehensión por los delitos de robo de cemento, lavado de dinero y despojo.


De acuerdo a la denuncia presentada el 15 de septiembre del 2020 ante la Fiscalía General de la República (FGR), Federico Sarabia Pozo, Alberto López Morales, Joel Vázquez Dolores y Pablo Reséndiz García, modificaron ilegalmente el procedimiento de despacho de cemento de la Cooperativa, para que con el producto de esa venta ilegal, se realizara la dispersión de esos recursos a empresas que aparentemente pudieran tener las características de empresas que facturan operaciones simuladas o con recursos de procedencia ilícita.


Gracias a la denuncia y tras encontrarse elementos para determinar la participación de Sarabia, sus allegados y dos centenares de miembros de su organización, todos afines a los intereses de Guillermo “Billy” Álvarez Cuevas, el pasado viernes 10 de diciembre, el Consejo de Administración de La Cruz Azul, S.C.L., congeló las cuentas de 211 trabajadores y socios de la planta de Tula, por los delitos de robo y venta de cemento propiedad de la Cooperativa.


Aunado a ello, el pasado 15 de diciembre, un actuario del Poder Judicial del estado de Hidalgo, en cumplimiento a una orden de la autoridad judicial competente, puso en posesión legal del Consejo de Administración de Cooperativa La Cruz Azul, S.C.L., encabezado por Víctor Manuel Velázquez Rangel, la planta cementera.


Luego de un operativo encabezado por la Secretaría de Seguridad Pública de la Entidad (SSPO), el actual Consejo de Administración recibió la posesión legal de dicho inmueble.

A pesar de esto, alrededor 200 socios (denunciados ante la FGR) aunados a grupos de choque afines a Sarabia, retuvieron de manera ilegal y con lujo de violencia dichas instalaciones, por lo que además de los anteriores ilícitos, el grupo incurrió en el delito de despojo.


Según la investigación emprendida por la FGR, la operaciones de robo de cemento se habrían apoyado para la dispersión de los recursos en las empresas Lasoid Group S.A. de C.V., Pestore Comercializadora S.A. de C.V., Estudio Logístico Foráneo S.A. de C.V. y Loasis Connection Services S.A. de C.V.


Empresas todas que, al momento, presentan cuentas bancarias bloqueadas por la autoridad competente. Asimismo se han bloqueado las cuentas bancarias de más de 30 exdistribuidores de cemento, todos ellos con fuertes vínculos con la familia Álvarez Garcés.


Fuente: Reporte Índigo




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