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Scherer frenó investigación contra OHL desde la Consejería Jurídica; FGR lo indaga



Un abogado designado por Scherer como el jefe jurídico de la SCT revirtió el proceso de sanción contra la empresa que, a su vez, era defendida por abogados cercanos al entonces consejero jurídico.


Siendo consejero jurídico del presidente Andrés Manuel López Obrador, Julio Scherer Ibarra aprovechó sus facultades legales y sus influencias en el gobierno federal para frenar una investigación que concluía que fue ilegal la concesión del Viaducto Bicentenario, que el gobierno del Estado de México, en la gestión de Enrique Peña Nieto, otorgó a la constructora española OHL, hoy Aleática.


Mediante actos de autoridad que ahora son investigados por la Fiscalía General de la República (FGR), Scherer y un grupo de funcionarios designados por él validaron la concesión por la que, hasta ahora, Aleática S.A.B. de C.V. –representada, a su vez, por abogados privados cercanos al exconsejero– ha obtenido ingresos por al menos 6 mil 934 millones de pesos derivados del cobro de peaje en el Viaducto Bicentenario, ganancias que necesariamente irán al alza, pues la concesión tiene vigencia, al menos, hasta 2038.


Scherer declaró a Animal Político que no tuvo ninguna implicación en los presuntos delitos de corrupción que indaga la FGR, y derivó la responsabilidad a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).


Tras una investigación de varios meses, en marzo de 2020, tanto la SCT como la FGR habían concluido que la adjudicación de esa vía fue ilícita, debido a que un gobierno estatal no tiene facultades legales para otorgar concesiones sobre vías generales de comunicación, como lo es la carretera México-Querétaro, donde se construyó el Viaducto Bicentenario.


Sin embargo, en septiembre de ese mismo año, Scherer, con base en un acuerdo que le permitía nombrar a los titulares de las unidades jurídicas de todo el gobierno federal y que él mismo suscribió , designó como director jurídico de la SCT a un abogado cercano a él, Román García Álvarez, quien quince días después de asumir el cargo, elaboró un convenio que no sólo declaró legal la concesión a favor de Aleática, sino que, además, abrió la puerta a la posibilidad de extenderla aún más tiempo.


Ese convenio, firmado el 1 de octubre, anuló un proceso de sanción que la propia SCT había iniciado por la irregularidad de la concesión, y además, provocó el congelamiento de una carpeta de investigación que la Fiscalía ya tenía lista en contra de exfuncionarios y que traería como consecuencia directa que el gobierno federal anulara la concesión y recuperara el control de la vía con todo y la infraestructura del Viaducto Bicentenario, sin tener que indemnizar a Aleática.


Ahora, la FGR abrió una nueva carpeta de investigación en la que se señala directamente al exconsejero presidencial como probable responsable de delitos de corrupción para beneficiar a Aleática, a sus accionistas de control IFM Investors Pty Ltd e IFM Global Infrastructure Fund, y a Viaducto Bicentenario S.A. de C.V., filial a la que se le adjudicó la concesión.


Junto con Scherer, la FGR investiga a otros dos excolaboradores designados por él en la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal (CJEF): Raúl Mauricio Segovia Barrios, que era titular de la Consejería Adjunta de Control Constitucional y de lo Contencioso –cargo que dejó tras la renuncia de Scherer Ibarra en agosto de 2021–, y Mario Iván Verguer Cazadero, quien continúa como director general de Control Constitucional en esa Consejería Adjunta. Ambos se relacionaron con Scherer a través de despachos privados de abogados antes de ingresar al servicio público.


La FGR también investiga al actual titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la SCT, Román García Álvarez, quien fue designado por Scherer el 16 de septiembre de 2020 y quien elaboró el convenio que, dos semanas después de su nombramiento, validó la concesión del Viaducto Bicentenario.


La Fiscalía indaga a Scherer Ibarra, Segovia Barrios, Verguer Cazadero y García Álvarez por los presuntos delitos de asociación delictuosa; ejercicio ilícito del servicio público; uso ilícito de atribuciones y facultades; tráfico de influencias; ejercicio abusivo de funciones; colusión de servidores públicos, y contra la administración de justicia.


La FGR también investiga un posible conflicto de interés en el caso, ya que familiares de Scherer forman parte de despachos de abogados que trabajan para Aleática. Nexos de los que Animal Político dará más detalles en una segunda entrega de este reportaje.

La carpeta de investigación fue iniciada a raíz de una denuncia presentada por el abogado Paulo Díez Gargari, y fue turnada a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) y a la Fiscalía Especializada de Control Competencial, antes Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales.


Se trata de la primera indagatoria penal que involucra directamente al exconsejero Jurídico de López Obrador por posibles actos de corrupción.


“Si Aleática hoy sigue explotando el Viaducto Bicentenario, sin concesión del gobierno federal, se lo debe sólo a una persona, que es Julio Scherer”, señaló Díez Gargari en entrevista.


“No cometí delito alguno”


Cuestionado sobre estos hechos por Animal Político, el exconsejero jurídico confirmó que sí designó a García Álvarez y que fue ese funcionario quien elaboró el convenio que validó la concesión del Viaducto Bicentenario.


Refirió que, si bien era su facultad nombrar a los titulares de las Unidades de Asuntos Jurídicos de todas las dependencias federales, ello era a propuesta de los titulares de cada Secretaría a partir de un perfil establecido por la Consejería.


“Cada uno de los Titulares de las dependencias del Ejecutivo Federal me proponía al Titular de Asuntos Jurídicos bajo un perfil establecido por mi área, se validaba y se remitía al Titular de la Dependencia para que diera cauce a su nombramiento”, dijo en una respuesta por escrito.

Scherer también aseguró que el convenio de la SCT que validó la concesión del Viaducto Bicentenario fue elaborado aún bajo la gestión de Javier Jiménez Espriú y su entonces director jurídico, Carlos Sánchez Valencia, pero admitió que finalmente fue convalidado por el nuevo abogado que él nombró directamente en la dependencia, es decir, García Álvarez.


Aseguró que la Consejería Jurídica de la Presidencia no participó en ningún tipo de revisión de dicho documento, no obstante que en la exposición de motivos de la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal de 2018 se estableció que los titulares de las Unidades de Asuntos Jurídicos de las dependencias deben tener coordinación con el titular de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, por lo que era facultad de Scherer conocer del convenio de la SCT que ahora investiga la FGR.


“Dicho convenio no fue validado por el área a mi cargo, por lo tanto no pude cometer delito alguno ni tener ninguna injerencia en dicho asunto”, señaló el exconsejero.

Sobre su relación con García Álvarez y con Veguer Cazadero, ambos investigados por la Fiscalía, señaló que su vínculo con ellos no era directo, sino a través de los consejeros adjuntos.


Vía libre a OHL desde la Presidencia


La irregular concesión que el gobierno de Peña Nieto otorgó en 2008 a OHL para la construcción y explotación del Viaducto Bicentenario ya estaba en la mira de autoridades en la actual administración obradorista.


Sin embargo, esas indagatorias fueron frenadas desde la Consejería Jurídica de la Presidencia encabezada por Scherer mediante actos de autoridad, según las indagatorias ministeriales.


Entre 2019 y 2020, tanto la SCT como la FGR iniciaron procedimientos para sancionar a funcionarios del gobierno mexiquense por haber otorgado a un privado una concesión sobre una vía federal –la autopista México-Querétaro–, lo que viola, al menos, cuatro leyes y reglamentos federales.


El 6 de marzo de 2020, la SCT, bajo el mando de Javier Jiménez Espriú, inició un procedimiento de sanción en contra del gobierno del Estado de México por posibles violaciones a las leyes de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal; de Bienes Nacionales, y de Vías Generales de Comunicación, así como al reglamento para el Aprovechamiento del Derecho de Vía de las Carreteras Federales.


Todas esas leyes y normativas establecen que es facultad exclusiva del gobierno federal, y no de los estados, otorgar concesiones sobre las vías generales de comunicación.


El responsable de iniciar el procedimiento de sanción fue Carlos Francisco Sánchez Valencia, quien era titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la SCT con Jiménes Espriú.


El 26 de agosto de 2020, el gobierno del Estado de México respondió a la SCT que el proceso de sanción no tenía justificación porque, en 1983, la Federación le “entregó” al gobierno estatal el tramo Toreo-Tepalcapa de la autopista México-Querétaro, lo que “implicó la asunción por parte del Estado de México de facultades que correspondían a la Federación, (…) y que la entrega constituye un poder jurídico y de hecho más amplio que el que derivaría de una concesión”.


En realidad, lo que se le otorgó al gobierno mexiquense fue el ramal Ceylán-Vallejo, y no todo el tramo Toreo-Tepalcapa, de acuerdo con el acta de entrega, que forma parte del expediente de la FGR.


A pesar de ello, de manera sorpresiva, el 1 de octubre, la propia SCT se desistió de su proceso sancionatorio. Y más aún: elaboró un nuevo acuerdo en el que, negando sus propios alegatos previos, reconoció la validez y legalidad del título de concesión otorgado por el Gobierno mexiquense en 2008 a OHL para la construcción y explotación del Viaducto Bicentenario.


El convenio que validó el Viaducto Bicentenario desde la SCT congeló una carpeta de investigación que había iniciado la FGR desde 2019 por presuntos hechos de corrupción en la concesión a Aleática.


Durante seis meses de investigaciones, la FGR reunió, entre otras evidencias, los oficios en los que la SCT negaba que existiera concesión alguna que validara la explotación de una vía federal por parte de una empresa privada.


En abril del 2020, Animal Político publicó que la FGR había confirmado inicialmente que se habían cometido delitos y que el caso sería enviado ante un juez para proceder penalmente en contra de los funcionarios que resultaran responsables. Además, la Fiscalía buscaba que se retirara la concesión ilegal a Aleática, sin indemnización, conforme la Ley General de Bienes Nacionales.


En ese momento, la FGR solo esperaba la resolución del procedimiento de sanción de la SCT para integrarla en la carpeta. Sin embargo, la irrupción de la pandemia sanitaria detuvo por meses tanto el procedimiento administrativo como el penal.


Autoridades ministeriales confirmaron que el repentino convenio que convalidó la concesión irregular a Aleática dejaba sin materia la posible comisión de un delito de servidores públicos, por lo que el caso no pudo ser enviado ante un juez.


Aunque la carpeta no fue cerrada las investigaciones quedaron paralizadas durante mas de un año hasta que, en octubre del año pasado, el expediente fue atraído por la fiscalía encabezada por Juan Ramos, luego de que se comenzó a documentar la existencia de un posible tráfico de influencias en torno a este y otros casos.


De responder solicitudes de información a director jurídico


En julio de 2020, Javier Jiménez Espriú salió de la SCT. En su lugar fue designado Jorge Arganis Díaz, quien mantuvo en su cargo al director jurídico que había acompañado a Jiménez Espriú, Carlos Sánchez Valencia.


El 10 de septiembre, Arganis enfermó gravemente de COVID-19 y fue hospitalizado. En ausencia del titular de la SCT, hubo una sustitución en la Unidad de Asuntos Jurídicos: Sánchez Valencia presentó su renuncia el 15 de septiembre, e inmediatamente, al día siguiente, Scherer designó en ese puesto a Román García Álvarez.


Días antes de dar el salto a un cargo de primer nivel, García Álvarez era subdirector de Transparencia de Caminos y Puentes Federales (Capufe), un organismo descentralizado de la SCT, y su función consistía en atender solicitudes de información.


De ahí, súbitamente, se volvió asesor jurídico de la única dependencia federal facultada para otorgar concesiones de explotación de vías generales de comunicación.


Su vínculo con Scherer se remonta a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) de la CDMX, durante el gobierno de Miguel Ángel Mancera, de acuerdo con el expediente.

García Álvarez fue director de Normatividad en Seduvi y, entre 2014 y 2015, estuvo bajo las órdenes de Mario Iván Verguer Cazadero, quien era titular de la Dirección de Asuntos Jurídicos de esa dependencia capitalina.


Verguer Cazadero era amigo de Scherer. En noviembre de 2018, poco antes de la toma de protesta del gobierno obradorista, el ex titular jurídico de Seduvi presentó un libro en el Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe). Scherer Ibarra fue su copresentador.


Días después, al asumir la titularidad de la Consejería Jurídica, Scherer designó a Verguer Cazadero como director general de Control Constitucional; como jefe de éste nombró a Raúl Mario Segovia Barrios, socio de un despacho con el que Scherer tiene vínculos familiares.


Los tres funcionarios tuvieron facultades para elaborar el acuerdo del 14 de diciembre de 2018 que le permitió a Scherer designar a los titulares de las unidades de asuntos jurídicos de todas las dependencias federales. Con base en ese acuerdo, en septiembre de 2020, Román García Álvarez, un ex subordinado de Verguer Cazadero, fue colocado en la SCT, posición desde la que se frenó una indagatoria sobre la concesión del Viaducto Bicentenario a Aleática.


Una red de chantaje y corrupción


En la carpeta de investigación de la FGR iniciada a partir de la denuncia presentada por Paulo Díez, se establece que Julio Scherer encabezó una presunta red de servidores públicos y abogados particulares que operaron para favorecer a Aleática. Esto con la finalidad de obtener beneficios económicos ilegales en detrimento de millonarias pérdidas para el Estado.


“Algunos de los integrantes de esta red como Raúl Mauricio Segovia Barrios, Mario Iván Verguer Cazadero y Román García Álvarez fueron nombrados por Scherer Ibarra para ocupar cargos importantes en la administración pública, desde los cuales podrían influir indebidamente en asuntos de máximo interés nacional en favor de uno o varios particulares”, se indica en el expediente.


El presunto esquema delictivo investigado por la FGR estaba compuesto de dos partes. Por un lado, los funcionarios ya referidos que actuaron para favorecer a la empresa, en este caso Aleática, con actos de autoridad que le permitieron seguir explotando concesiones como la de Viaducto Bicentenario.


Por el otro, los despachos de abogados y de asesores financieros contratados por la propia empresa Aleática, pero cercanos a Scherer, los cuales recibieron las ganancias económicas por las gestiones en las que resultó favorecida la compañía. Entre ellos se encuentran Juan Antonio Araujo Rivapalacio; Alonso Rivera Gaxiola, Rodrigo Lagos Scherer y Pedro Scherer Ibarra (estos dos últimos familiares del exconsejero jurídico de la presidencia).


“Estas personas fueron contratadas por los particulares beneficiarios de los actos u omisiones del propio Julio Scherer Ibarra y de un grupo de servidores públicos contratados por aquel, y cobrarían sumas millonarias de dinero por concepto de honorarios (no todos facturados) a los particulares”, se detalla en la carpeta de investigación.


En la denuncia que Díez presentó, se establece que las contrataciones de los abogados y asesores que participan en esta posible red de corrupción se hacían por sugerencia del exconsejero jurídico.


Más allá de los beneficios particulares obtenidos por Aleática y los implicados en la red, la denuncia señala que el mayor detrimento es para el Estado, pues se sigue permitiendo a esa empresa cobrar una cuota por circular en una autopista cuya concesión no le pertenece. Tan solo entre junio de 2009 a junio de 2020, según lo asentado en la indagatoria, Aleática habría cobrado 6 mil 934 millones de pesos por concepto de peajes en dicho viaducto.


Animal Político verificó que existen registros públicos que confirman la relación de los referidos despachos con Aléatica. Por ejemplo, en agosto de 2020, el propio abogado Alonso Rivera Gaxiola confirmó que, a nombre de IFM Investors (accionista mayoritario de Aleática), había promovido una demanda en contra de Paulo Díez, como se lee en la nota reproducida en el sitio web de su despacho. Juan Araujo, por su parte, declaró el año pasado que no podía emitir comentarios sobre el Viaducto Bicentenario, ya que por “secreto profesional” estaba obligado a no revelar detalles de sus casos.


Sobre la relación con dichos despachos, Julio Scherer señaló a Animal Político que en el pasado fue socio del despacho de Rivera Gaxiola, pero dijo que actualmente dicha sociedad ya está disuelta.


Fuente: Animal Político

Autor: Arturo Ángel y Zedryk Raziel


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