SISTEMAS CONTRA EL BLANQUEO, LA GRAN CARGA QUE SE VIENE PARA ACTIVIDADES VULNERABLES

En la actualidad sólo las instituciones financieras tiene la obligación de dar seguimiento a sus operaciones.


La iniciativa de reforma a la ley para Prevenir las Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, conocida como ley antilavado, prevé una nueva carga para los sujetos que realizan alguna de las actividades vulnerables contempladas en este marco normativo, que es la de contar con sistemas automatizados para prevenir y detectar el blanqueo de capitales en sus operaciones, lo que para expertos en el tema será un gran desafío por la complejidad y costo de su implementación.


De acuerdo con Angélica Ortiz Dorantes, profesora de la Universidad Panamericana y del Instituto Nacional de Ciencias Penales, actualmente la obligación de contar con sistemas automatizados sólo aplica para las instituciones del sistema financiero, por lo que la reforma a la ley antilavado igualaría la obligación para los sujetos que realicen alguna de las 16 actividades vulnerables, como pueden ser corredores inmobiliarios, vendedores de autos, joyas, establecimientos de juegos o sorteos, entre otros.


En este contexto, la académica indicó que la finalidad de los sistemas automatizados es la de facilitar el cumplimiento para que quienes los utilicen puedan identificar operaciones que ameriten la generación de los avisos correspondientes a la autoridad y así ésta detecte posibles conductas relacionadas con el lavado de dinero.


“Un sistema automatizado, si funciona bien, debe de disminuir el riesgo de sanción al ubicar los montos de operación e inmediatamente arrojar una alerta para generar un aviso en caso de que se ubicara en los montos correspondientes… Al poner en el lugar correcto las operaciones que deban ser avisadas, se disminuiría el riesgo de sanción”, detalló Ortiz Dorantes.


Según la iniciativa de reforma, que se encuentra atorada en el Congreso de la Unión, obligar a las actividades vulnerables a contar con un sistema automatizado tiene la finalidad de identificar operaciones que se encuentren fuera del perfil transaccional del cliente, monitorear operaciones que deban acumularse y dar seguimiento intensificado cuando las transacciones se relacionen con las Personas Políticamente Expuestas o sean consideradas de alto riesgo.


Difícil cumplimiento

Para Ortiz Dorantes esta obligación significaría una fuerte carga para el sector de actividades vulnerables, compuesto por casi 90,000 sujetos obligados, pues no todos contarán con los recursos para adquirir un sistema de estas características y, además, en el mercado, no todos los proveedores ofrecen las soluciones que den cabal cumplimiento a las obligaciones.


“Muchas de las soluciones que ofrece el mercado no ayudan a todo el cumplimiento, por lo que muchas instituciones se van con varios proveedores, que puedan darles soluciones a sus obligaciones... Los que tienen recursos, se irán con varios proveedores y los que no, no podrán implementarlos y los van a sancionar”, advirtió la académica.


En este contexto, Ortiz Dorantes acotó que una solución es que en el legislativo se modifique la iniciativa con el fin de establecer una proporcionalidad que establezca que los sujetos obligados de menor tamaño, o de menor facturación, puedan adoptar soluciones tecnológicas que les ayuden al cumplimiento sin que necesariamente deban de tener un sistema de estas características.


Fuente: El Economista

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