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UIF PIDE A ASEGURADORAS REFORZAR MEDIDAS ANTILAVADO

De acuerdo con la segunda Evaluación Nacional de Riesgos, el sector de seguros y fianzas representa un riesgo medio-bajo para ser proclive de actos de blanqueo de capitales o financiamiento al terrorismo.

Las instituciones de seguros en México pueden ser objetos para la realización de delitos de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, por lo que deben de reforzar sus medidas contra estos ilícitos, y otros, especialmente en los productos o servicios que ofrecen, de acuerdo con un documento de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda.


Hace algunos días, esta instancia distribuyó al sector asegurador la guía para elaborar una metodología de evaluación de riesgos en materia de medidas antilavado, donde detalló que es necesario que dichas instituciones pongan una mayor atención en factores como tipos de clientes y áreas geográficas.


“El enfoque basado en riesgos debe permitir a los sujetos supervisados entender cómo y hasta qué punto son vulnerables a los riesgos en materia de LD/FT (lavado de dinero y financiamiento al terrorismo), lo cual les permitirá asignar eficientemente sus recursos y aplicar procesos de gestión de riesgos adecuados a sus características propias”, se puede leer en el documento.


En México, existen cerca de 90 instituciones aseguradoras reguladas y supervisadas por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. De acuerdo con la segunda Evaluación Nacional de Riesgos, el sector de seguros y fianzas representa un riesgo medio-bajo para ser proclive de actos de blanqueo de capitales o financiamiento al terrorismo.


Factores


De acuerdo con el documento, es necesario que las aseguradoras evalúen el riesgo en sus productos y servicios, ya que algunos de estos pueden ser más proclives al lavado de dinero, como pueden ser los seguros de vida con componente de ahorro o inversión; operaciones de salvamento, cuando estas se pueden liquidar en efectivo; o aquellas que faciliten un mayor grado de anonimato o falta de identificación del cliente.


“Los sujetos supervisados deberán comprender y evaluar el riesgo específico que implica la totalidad de los productos y servicios con los que operan. Algunos productos y servicios pueden generar un mayor riesgo en materia de LD/FT”, se describe en el documento consultado por este medio.


Respecto a los clientes, la guía detalla como necesario que las aseguradoras determinen las características que hacen a estos potencialmente riesgosos de realizar actos de blanqueo, por lo que se sugiere que se consideren aspectos como si son personas físicas, morales o fideicomisos, edad o fecha de su constitución, nacionalidad, carácter de sus actividades económicas o giros mercantiles, el motivo de la relación comercial, entre otras para evaluar el riesgo de lavado de dinero que representan.


Según el documento, algunos clientes pueden ser de mayor riesgo, tales como instituciones financieras extranjeras, personas no residentes que operen con seguros con componentes de inversión, personas políticamente expuestas, con actividades comerciales, negocios con alto flujo de efectivo u organizaciones no gubernamentales y de beneficencia.


Asimismo, se recomienda a estas instituciones identificar las áreas geográficas donde operan, como son países que la legislación considera que aplican regímenes fiscales preferentes, regiones con deficiencias graves en sus regímenes antilavado o áreas geográficas nacionales con antecedentes como altos índices de delincuencia o marginación, zonas fronterizas, puertos de entrada y salida internacional, entre otros.

También se sugiere comprender y evaluar riesgos respecto a sus canales de envío y distribución de sus transacciones, ya sea presenciales o no.


Con base en los resultados, el documento sugiere aplicar mitigantes para disminuir el riesgo de que estas instituciones sean proclives al blanqueo de capitales.

Mitigantes contra el blanqueo en seguros:

  • Gobierno corporativo.

  • Auditoría antilavado.

  • Fortalecer estructuras internas.

  • Manual de cumplimiento.

Fuente: Guía UIF y El Economista

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